La intención de las autoridades de Arizona de legislar y aplicar su propia ley anti-inmigrante, y de ser el ejemplo para otros estados en ese sentido, llegó a un callejón sin salida, el lunes 25 de junio, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos, dictaminó que el manejo de la inmigración es una prerrogativa exclusiva del Congreso y del Poder Ejecutivo, y que los estados no pueden aprobar leyes o políticas que entren en conflicto con el régimen federal.
Aunque mucha gente predijo, que gran parte de la ley de Arizona se mantendría, el Tribunal anuló tres de cuatro disposiciones diciendo que son incompatibles con la legislación federal.
Incluso en lo que respecta a la cuarta disposición, la llamada "muéstreme sus papeles" que autoriza a la policía de Arizona a verificar el estatus migratorio de las personas que ha detenido o arrestado, el Tribunal se limitó a decir que era demasiado pronto para opinar si es válida o no.
La Corte dijo que para pronunciarse sobre su legalidad habría que esperar, y que depende de cómo se interprete y aplique.
Si como parece muy probable, esta disposición se aplica de manera que invite a la discriminación racial, podría ser invalidada en el futuro.
En resumen, a la decisión, escrita por el Juez Anthony Kennedy, se unierón el Presidente del Tribunal Supremo, John Roberts y los jueces Ginsburg, Breyer y Sotomayor, lo que representa una victoria casi total para el Gobierno Federal, y una gran pérdida para las fuerzas anti-inmigrantes.
En cierto sentido, esto no debería haber sido una gran sorpresa.
Si bien la Corte está profundamente dividida entre magistrados conservadores y liberales siempre han estado unidos en que la ley de inmigración es un asunto federal.
El poder de legislar sobre inmigración está expresamente asignado al Congreso por la Constitución, y, obviamente, implica cuestiones básicas de soberanía y relaciones exteriores.
El permitir que cada estado tenga y haga cumplir su propia ley de inmigración sería un desastre total, por lo que el fallo de la Corte, refuerza ese principio, afirmando que el Congreso tiene plenos poderes sobre la forma de legislar en materia de inmigración, y que el Ejecutivo tiene la autoridad sobre la forma de hacerla cumplir.
Dos de las cuatro disposiciones en cuestión creaban un tipo nuevo de crimen bajo la ley de Arizona, en violación a la ley federal de inmigración.
Durante el pleito, Arizona sostuvo que se trataba sólo de la adición de sanciones estatales para poder cumplir con lo que la ley federal ya ha hecho ilegal, y que actuaba dentro de sus facultades legales.
El Tribunal rechazó ese argumento, sosteniendo que el Congreso es el único que puede crear castigos y nuevas violaciónes respecto de la ley de inmigración, no Arizona.
Arizona convirtió en crímenes asuntos que el Congreso ha dicho, son violaciones civiles, por lo que son rotundamente incompatibles con el sistema federal de inmigración.
Esta parte de la decisión, hace que todas las leyes estatales que han imitado y que se han sumado a la de rizona, sean inadmisibles.
Sobre la tercera disposición estatal que autoriza a la policía de Arizona a realizar arrestos sin orden judicial, si hay "causa probable" de creer que estan aquí en violación a la ley de inmigración, los abogados de Arizona sostuvieron que dicho Estado estaba "cooperando" con las autoridades nacionales, para arrestar a los que aparentan estar violando la ley federal.
Pero una vez más, el Tribunal desestimó el argumento, señalando que Arizona había dado a sus funcionarios un mayor poder para arrestar a inmigrantes de lo que el Congreso había dado a sus propios agentes federales.
El Tribunal señaló que el Congreso ha dicho que los agentes estatales pueden cooperar con el Gobierno Federal en materia de inmigración, pero sólo cuando se les invita a hacerlo.
Cualquier "Cooperación" estimó el Tribunal, no puede abarcar "decisiones unilaterales de los funcionarios estatales para detener a un extranjero, en ausencia de una solicitud, aprobación, o permiso del Gobierno Federal".
Por su parte, algunos grupos de derechos civiles y de derechos de los inmigrantes han expresado su decepción de que el Tribunal dejó en pie la cuarta disposición, que requiere que los funcionarios de Arizona verifiquen el estatus migratorio de todas las personas que se detengan por algún otro motivo, si tienen "sospecha razonable" de que pudieran estar aquí en violación de la ley federal de inmigración, y que impide la liberación de toda persona detenida antes de que se determine su estatus migratorio.
Esta disposición, los críticos afirman con razón, invita a la discriminación racial, ya que la llamada "sospecha razonable" casi siempre se basará en el aspecto racial o étnico.
Pero, contrariamente a las críticas de los grupos de derechos civiles, la Corte simplemente declaró que es demasiado pronto para afirmarlo, y al pronunciarse así, advirtió que si se aplica de la manera que muchos temen, podría ser invalidada.
Esto es lo que el Tribunal dijo acerca de la parte "muéstreme sus papeles" de la ley:
En primer lugar, señaló que la ley fue impugnada antes de que entrara en vigor.
Dijo que la ley establece que al mostrar una licencia de conducir de Arizona o una identificación similar se determina la condición jurídica. Que prohíbe la consideración de raza o etnia, salvo lo permitido por la Constitución y que debe aplicarse de conformidad con la ley federal.
Por otra parte, la Corte dijo, que en esta parte de la ley SB-1070, no hay nada intrínsecamente incompatible con la ley federal en el hecho de que un funcionario estatal compruebe el estatus migratorio de alguien.
Que la decisión sobre qué hacer con esa persona es otro asunto.
Al mismo tiempo, la Corte advirtió que "la detención de personas únicamente para verificar su estatus de inmigración plantea problemas constitucionales", y que el retraso en liberar a un detenido para poder determinar una situación migratoria "altera el marco federal".
Pero como la ley fue demandada por ante los tribunales antes de que entrase en vigor, todavía no ha sido interpretada por los tribunales estatales.
Los tribunales estatales, especula la Corte Suprema, podrían interpretar la disposición, evitando conflictos directos con la ley federal, como el hecho de requerirle a los funcionarios sólo completar el chequeo migratorio luego de que la persona arrestada es liberada.
Y destacó que una vez que la ley entre en efecto, podrían llevarse a cabo demandas sobre controversias constitucionales.
Por lo tanto, si esta disposición da lugar a discriminación racial, o a detenciones que se inician o prolongan por comprobaciones de estatus migratorio, puede ser impugnada otra vez, y bajo esta opinión, es muy probable que sea invalida.
En resumen, creo que la decisión de la Corte Suprema sobre la ley de Arizona fue una victoria importante para aquellos que hemos estado luchando contra los esfuerzos de muchos estados en utilizar sus leyes locales para hacerle la vida imposible a los inmigrantes.
Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y la Corte casi le esta suplicando al país que tenga compasión y juicio en un área social que ha sido dominada por el odio y la demagogia.
Podemos y debemos celebrar la decisión de la Corte Suprema como una gran pared erigida en contra de las leyes estatales anti-inmigrantes.
Realizar una reforma migratoria integral sigue siendo esencial en el ámbito federal, pero esta decisión significa que los esfuerzos para utilizar a los estados como barreras anti-inmigrantes han fallado.
