Por Aníbal E. Melo
Hoy la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su fallo en el caso "Arizona contra Estados Unidos'' mismo que se ocupó del desafío del Gobierno Federal a la ley SB-1070 de ese Estado, y que otorgaba a los agentes del orden público local el derecho a chequear el estatus migratorio de los individuos y que obligaba a los inmigrantes a portar documentos que demostrasen que estan legalmente en el país.
Hoy la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su fallo en el caso "Arizona contra Estados Unidos'' mismo que se ocupó del desafío del Gobierno Federal a la ley SB-1070 de ese Estado, y que otorgaba a los agentes del orden público local el derecho a chequear el estatus migratorio de los individuos y que obligaba a los inmigrantes a portar documentos que demostrasen que estan legalmente en el país.
El tribunal emitió una decisión que revocó partes de la ley, mientras que permitió que otras sigan en vigor.
Por un lado, el tribunal sostuvo que la ley federal no impide a la policía de Arizona el poder verificar el estatus migratorio de las personas que detiene.
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que esta decisión deja abierta la posibilidad de que esa disposición en particular pueda ser revisada y, finalmente revocada, si se alega que se realiza en forma discriminatoria.
Por otro lado, con este dictamen, la Corte derogó la intención principal de la legislatura de Arizona, el primero de varios estados en legislar sobre la política de inmigración.
En la decisión de la Corte, 5 a 3, el Juez Anthony Kennedy opinó que "el gobierno nacional tiene suficiente poder para regular la inmigración", y que Arizona y otros estados "no pueden crear políticas que atenten contra la ley federal."
Por lo tanto, aunque no condena el corazón de la ley, la Corte le dió la victoria a la administración Obama.
La decisión también apoya y refuerza el papel del Congreso, no el de los estados, como árbitro y fuente exclusiva de la política nacional de inmigración.
Todos sabemos que el Congreso se ha negado a actuar en materia de inmigración durante muchos años, y esta decisión deberá ser tomada como una directriz para que actue de manera afirmativa, de no hacerlo, sólo se traducirá en más estados tratando de regularse a sí mismos y dejará al país con una política de inmigración aún más fracturada que la que tiene actualmente.
Queda por ver, sin embargo, si el Congreso la toma como tal.
