Por Aníbal E. Melo
La Cámara de Representantes de
Washington ya hizo su incursión oficial en el tema de la Reforma
Migratoria en una Audiencia, en la que los republicanos tocarón
nueva vez una familiar y sensible tecla.
A pesar de los niveles de deportación
registrados en los últimos años, los republicanos del Comité
expresaron que quieren más penalización, incluso aún, antes de
apoyar cualquier idea de reforma integral.
Debido a esa mayor "aplicación de
la Ley" que los republicanos piden, se me ocurre una pregunta espinosa sobre el actual proceso de reforma migratoria.
¿Se va a responder a las
preocupaciones que muchos tenemos acerca de la forma en que los
inmigrantes están siendo detenidos en espera de su deportación?
Defensores de la Reforma de Inmigración
en todo el país están muy preocupados por el extenso complejo de
cárceles y centros de detenciones privados, que se utilizan para
encerrar a los no ciudadanos.
Un grupo de senadores encabezados por
Patrick Leahy, (D-VT), Presidente del Comité Judicial del Senado,
dió a conocer una dura carta dirigida a sus colegas, pidiendo una
mayor protección para los inmigrantes dentro de los centros de
detención.
De acuerdo con el Huffington Post, esos
senadores escribieron:
"Nuestras leyes ordenan
detención y deportación para muchas personas, negándoles el acceso
a una Audiencia ante un Juez, y sin asistencia legal para los que no
la pueden pagar".
"La penalización de
Inmigración frecuentemente tiene como blanco a las minorías y a las
comunidades de inmigrantes a través de perfiles raciales
inadmisibles que infunden temor y desconfianza en la Policía y hace
que las comunidades sean menos seguras. Nuestro sistema no es justo, y es desproporcionadamente punitivo".
El tono en la Audiencia del Comité
Judicial, el martes 5 de febrero, sugiere que los republicanos en la
Cámara estarían en desacuerdo con las ideas de esos senadores.
Digo esto, ya que expresaron opiniones
de que se debería expandir las políticas que entrelazan la justicia
criminal con el sistema de inmigración.
A pesar de una legalización masiva de
inmigrantes indocumentados, que parece aprobable a primera vista, y
que haría obsoleto el uso masivo de los Centros de Detención, ya
hay esfuerzos en marcha para hacer que estos últimos crezcan en
cantidad.
En los últimos años, la
Administración Obama ha detenido y deportado inmigrantes a un ritmo
sin precedentes.
Y aunque la Administración dice que se
trata de delincuentes peligrosos, los críticos dicen que las leyes
de inmigración se aplican discriminadamente.
La mayor parte de los 1.5 millones de
personas deportadas en los últimos cuatro años estaban acusadas de
violaciónes menores, y muchas se encuentran ahora sujetas a
deportación, incluso si están en un camino hacia la legalización o
ya tienen una tarjeta de residencia.
Y para los inmigrantes con una larga
lista de condenas, la detención antes de la deportación es
obligatoria.
Las leyes aprobadas en la década de
los '90 dió poder a los Agentes de ICE y a los Jueces de inmigración
para revisar los detalles de los detenidos que ya han sido liberados
por el sistema penal, para encarcelarlos de nuevo y deportarlos.
De acuerdo con la organización
"Detention Watch", aproximadamente dos tercios de los
400,000 detenidos del año pasado, estuvieron presos de forma
obligatoria sin posibilidad de salir bajo fianza, en alguna de las
más de 300 instalaciones que salpican el paisaje norteamericano.
Los defensores de los inmigrantes
esperamos que un proyecto de ley de Reforma Migratoria debe comenzar
a reemplazar la "detención obligatoria" con medidas
alternativas, que a la vez permitan darle seguimiento a los no
ciudadanos que se encuentran en proceso de deportación.
La semana pasada, el Presidente Obama
dijo que parte de los objetivos perseguidos por la Casa Blanca con
una Reforma de Inmigración es "lograr que el DHS pueda enfocar
mejor sus recursos hacia la seguridad pública y a las amenazas contra la seguridad nacional".
En el año 2012, el Gobierno Federal
gastó más de $2 billones de dólares en las operaciones de
detención de inmigrantes, un aumento de 150% en tan sólo siete
años.
Las dos empresas líderes, propietarias
de Centros de Detención privados, "Corrections Corporation of
America" y "GEO Group", juntas se embolsillaron cerca
de $425 millones por concepto de sus contratos con ICE.
Esa "industria", gasta
millones en el Congreso, y los Republicanos han dejado en claro, que
no están interesados en perder ese dinero.
El Representante Randy Forbes,
(R-Virginia), miembro del Comité Judicial de la Cámara, le dijo al
Alcande de San Antonio, Texas, Julián Castro, quien testificó en la
Audiencia, que Estados Unidos debe deportar sumariamente a las
personas con afiliaciones en las pandillas "antes de que cometan
un delito."
En el 2005, el Diputado Forbes archivó
la "Ley de Disuasión De Gangas y Protección De La Comunidad", misma que habría
llevado a la detención obligatoria y a la expulsión de cualquier
persona que el gobierno etiquete como miembro de una pandilla,
incluso si nunca ha sido condenada por un delito.
Recuerdo que un texto similar fue
incluido en uno de los proyectos de reforma migratoria integral
considerados por el Senado en el año 2006.
Pienso que leyes como ésas, fomentan
la discriminación racial.
En la práctica, muchos jóvenes de
color podrían ser documentados como pandilleros, por el lugar en
donde viven, o por la escuela a la que asisten, no porque hayan
cometido un delito.
Forbes sugiere que una medida de esa
naturaleza debe ser añadida a la larga lista de penalizaciones y que
el Congreso debería incorporarla al proyecto de reforma.
Por su parte, las organizaciones de
libertades civiles y los grupos de derechos de los inmigrantes,
abogan por una menor dependencia de los Centros de Detención en los
procesos de control de la inmigración y por la restauración de la
discreción de los jueces.
Pienso que es crucial que el Congreso
incluya una reversión de las leyes de "detención obligatoria"
en cualquier nueva legislación de inmigración.
Y es que entre los efectos colaterales
que deja la detención de padres, regularmente se deja a los niños
atrapados en hogares temporarios o en otras situaciones precarias.
Debido a las deportaciones que han
tenido lugar en los últimos años hay alrededor de 6,000 niños
ciudadanos que han sido colocados en hogares guarda, porque sus
padres han sido deportados.
Es triste que a cambio de apoyar la
legalización de los inmigrantes indocumentados, los republicanos
exijan una expansión de ese tipo de programas.
Esos republicanos dicen que el
encarcelamiento disuade a los inmigrantes de cruzar la frontera y que
es lo que ha contribuido a crear la reportada baja actual.
Hay pocas evidencias que apoyan esa
afirmación, sin embargo, en los últimos años, el Senador John
McCain, principal republicano que apoya la reforma de inmigración,
ha pedido millones adicionales para seguridad fronteriza.
Los procesos por delitos relacionados
con la inmigración han aumentado en un 50% en los últimos cinco
años, y la Oficina Federal de Prisiones está construyendo nuevas
instalaciones para hacer más espacio.
En la década de los '90 se comenzó a
subcontratar el funcionamiento de las prisiones federales para los
llamados "extranjeros criminales", que incluyen a las
personas declaradas culpables de violaciónes como re-entrada y otros
delitos menores.
"Geo Group" y "CorrectionsCorporation of America", ahora operan 13 instalaciones que
resguardan a 24,000 reclusos. Muchos están preocupados de que la
reforma migratoria podría facilitar mayores oportunidades de
negocios a esas empresas, ya que su expansión parece inevitable.
Un informe publicado en Septiembre del
año pasado por la "Oficina de Contabilidad del Gobierno"
reveló que el adicionar 1,500 presos más a esas instalaciones cada
año, ha aumentado la población de las cárceles en un 50% en la
última década.
En una medida que ayuda a mantener las
prisiones llenas, hace menos de un mes, Darrell Issa, (R-California),
miembro del Comité Judicial, introdujo una legislación para agregar
tiempos mínimos obligatorios a las reglas de sentencia por
re-ingreso y otros delitos relacionados con la inmigración.
En un acapite, el proyecto de ley
establece un rango de sentencia de entre 10 y 20 años de carcel para
las personas que regresan al país.
De ser aprobada, elevaría el tiempo
que los internos pasan detrás de las rejas, y claro el ingreso de
los propietarios de los centros privados de detención.
Que viva el capitalismo!
