Esta semana miles de jóvenes, estudiantes inmigrantes indocumentados, comenzaron el proceso de solicitud de Acción Diferida.
Obama fue claro al anunciar la medida: Este no es un camino a la ciudadanía, sino más bien una oportunidad para evitar la deportación y poder trabajar.
Para los estudiantes que son inmigrantes sin permiso legal y se han graduado de una universidad, la nueva política significa que tendrán la oportunidad de trabajar en su campo de estudio, algo que sólo podían hacer como contratistas independientes o por debajo de la mesa.
Se supone que en lo adelante, para muchos inmigrantes jóvenes —se calcula que hasta 65,000 se gradúan de las escuelas secundarias cada año— se eliminarán algunos obstáculos para obtener un título universitario.
El principal problema, sin embargo, seguirá siendo el costo.
Los préstamos federales y las becas, la mayor fuente de ayuda para los estudiantes universitarios, requieren que los mismos tengan o la residencia legal o la ciudadanía estadounidense.
Los estudiantes indocumentados que entran a la adolescencia y se convierten en jóvenes adultos, tienen las mismas aspiraciones de asistir a la universidad que sus compañeros.
Sin embargo, cuando se acercan a los 16 años, dejan de tener las mismas oportunidades.
Cuando la mayoría de los adolescentes obtienen una licencia de conducir, un primer empleo y comienzan a pensar en la universidad, los estudiantes sin autorización legal comienzan a ser conscientes de su condición.
Se quedan estancados, mientras que sus amigos siguen avanzando.
Eso tiene enormes implicaciones en su capacidad para lograr una movilidad social ascendente, en su autoestima y en su bienestar emocional y mental.
Según un estudio del Pew Hispanic Center, entre los inmigrantes sin autorización graduados de las escuelas secundarias con edades de 18 a 24 años, el 49% ha asistido o está asistiendo a alguna universidad, en comparación con el 76% de los inmigrantes con autorización legal y el 71% de los residentes nacidos en Estados Unidos.
Por su parte, el Centro Nacional de Políticas Públicas y Educación Superior, dice que los precios de las matrículas y otras cuotas, han aumentado en 439% entre el 1982 y el 2007.
Un informe de "Sallie Mae", el mayor prestamista privado para estudiantes, dice que los préstamos, las subvenciones y las becas ayudan a los estudiantes promedio a pagar cerca del 55% del costo de sus estudios. Pero los estudiantes que carecen de estatus legal tienen acceso a sólo una parte de esos recursos.
Pueden tratar de conseguir becas privadas, pero estas son muy disputadas debido al limitado número disponible, y solamente en unos pocos estados, son elegibles para ayudas estatales. En la mayoría, terminan por tener que pagar una matrícula significativamente mayor.
Y es que en estos momentos, en Estados Unidos, sólo 12 estados permiten a los inmigrantes sin permiso legal pagar un costo reducido por sus matriculas estatales.
La mayoría de quienes sí se matriculan, asisten a los centros universitarios comunitarios, pero a menudo sólo pueden pagar una o dos clases por semestre, o se ven obligados a suspender sus estudios por ciertos períodos con el fin de trabajar a tiempo completo y reunir algo de dinero para poder seguir estudiando.
Eso significa que les toma mucho más tiempo y esfuerzo el poder graduarse.
Triste..., verdad?