"El arco del universo moral es largo, pero siempre se dobla hacia el lado de la justicia".
Dr. Martin Luther King
La semana pasada, una demanda judicial contra el plan de "Acción Diferida (DACA)" en beneficio de los Soñadores, llamada "Crane Vs Napolitano", fue presentada por 10 agentes de ICE en un tribunal federal de Texas.
Dicha demanda alega que las políticas de Discreción Fiscal enunciadas en el Memorandum del 2011 emitido por John Morton, Director de ICE, violan la ley federal.
En esencia, según los demandantes, los oficiales de ICE, están obligados a deportar a todos los extranjeros que no están aquí legalmente, mientras que DACA prohíbe que ellos hagan precisamente eso.
La demanda invoca disposiciones de la Ley de Inmigración del 1996, y alega que la presencia de un extranjero en los Estados Unidos que no ha sido admitido, se considera, para los efectos de la ley, un solicitante de admisión.
La ley, requiere que todos los "solicitantes de admisión" tienen que ser inspeccionados por los agentes de inmigración.
Si el Oficial de inmigración determina que el extranjero que solicita ingreso no es admisible, puede ser detenido y puesto en procedimientos de deportación en un tribunal de inmigración.
La "Acción Diferida" no es ni nueva, ni radical.
A las viudas de los ciudadanos estadounidenses se les concede este beneficio. Y las Inmigrantes maltratadas, también han conocido su brazo protector.
El tamaño de una población vulnerable nunca ha sido una razón válida para no otorgarla.
Sabiendo esto, podemos entender que la extensión de esa medida a los solicitantes DACA no es un salto a lo desconocido justificado por alguna ideología loca y fuera de la ley, sino una reafirmación de la utilización sobria de una herramienta existente para casos especiales.
Por otra parte, en virtud de ciertas disposiciones especiales de la ley de inmigración, muchas personas que han entrado a los Estados Unidos sin inspección, son elegibles para obtener una Residencia Legal, por lo que no son rutinariamente detenidos.
Por otra parte, el argumento de la Demanda, es claramente no aplicable a las personas que ingresan a los Estados Unidos, con una visa válida y se quedan más tiempo del permitido.
Además en su Demanda, Kobach omite convenientemente mencionar que la ley le otorga al Secretario del DHS, el derecho de administración y aplicación, lo que a su vez implica que este puede decidir cómo, cuándo y porque deporta a un extranjero.
Por otro lado, Kobach tampoco menciona que la ley de inmigracion excluye de la definición de "extranjero no autorizado" a cualquier persona al que el Fiscal General le permita trabajar legalmente.
Es por eso que la ley de inmigracion autoriza la concesión de un permiso de trabajo, a todo el que se le ha conferido Acción Diferida.
Lo único nuevo de DACA es que establece nuevos criterios para su concesión.
El Congreso también ha reconocido que el otorgamiento de "Acción Diferida" es uno de los requisitos exigidos por la ley "REAL ID", para poder aplicar y recibir una licencia de conducir.
Esto en contraste con la negativa declarada del cuarteto de gobernadores republicanos que han dicho que no van a permitir la emisión de licencias de conducir en sus respectivos estados, a los beneficiarios de DACA.
Y es que hay un conflicto directo entre la maligna intención de esos gobernadores y las disposiciones de la ley Real ID.
Esto es asi, especialmente en el caso de la pesadilla viviente, la Gobernadora Brewer de Arizona.
Esa anti-inmigrante, emitió una Orden Ejecutiva sin sentido y mezquina contra los Dreamers, misma que constituye un ejemplo clásico de un conflicto constitucionalmente inaceptable.
Sin importar lo que piensen esos ejecutivos, la verdad es que cada vez que se enfrentan con la intención expresada por el Congreso en la ley "Identificación Real", lo que hacen es perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes de sus estados.
Y es que en un caso del 1941, "Hines Vs. Davidowitz", la Corte estableció que la ley estatal no puede "ser un obstáculo para la realización y ejecución de los fines y objetivos plenos del Congreso Federal."
Es por estas y otras razones, que digo que Kobach y sus aliados demandantes van a perder ese pleito.
La Corte puede muy bien desechar la demanda por falta de jurisdicción, ya que un caso federal no puede ser construido por la diferencia de opinión entre los empleados del gobierno con sus superiores.
En mi opinion, los Agentes de ICE que demandaron a su Jefe y al DHS, se parecen al Asistente Legal que demanda al Juez por haber dictado una Sentencia con la que no está de acuerdo.
No es cómo funciona el sistema legal de Estados Unidos, y creo firmemente que bajo la Ley, esa Demanda no tiene ningún mérito.
De hecho, en el pasado reciente, otro grupo restriccionista presentó una demanda similar en contra de un acto administrativo que fracasó en la Corte.
En el caso "Programmers Guild Vs. Chertoff", el Gremio de programadores del DHS impugno la regulación que extendio el tiempo de entrenamiento de 12 a 29 meses, existente en el Manual Práctico Opcional para los estudiantes STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Los demandantes en la búsqueda de una medida cautelar argumentarón que el DHS había inventado su propio Programa de Trabajadores Invitados sin autorización del Congreso.
El Tribunal desestimó la demanda de un todo argumentando que el DHS tiene derecho a deferencia bajo la Doctrina Chevron.
Bajoesa doctrina, cuando hay ambigüedad en el texto, se dá deferencia a la interpretación normativa de la Agencia encargada de la ejecución de la ley.
Esa misma doctrina establece que los tribunales sólo pueden intervenir cuando la interpretación de la Agencia sea irracional o por causa de un error.
Del mismo modo, en el 2005 la Corte Suprema de Justicia en el caso "Nat’l Cable & Telecomm. Ass’n Vs. Brand X Internet Servs", al tiempo que afirmó "Chevron", sostuvo que si hay un estatuto ambiguo que requiere una deferencia bajo esa doctrina, la interpretación de la agencia debe estar por encima de una decisión judicial que interprete la misma ley.
Asi como el Tribunal desestimó la demanda del Gremio de Programadores, y el Tercer Circuito desestimó también la apelacion basandose en el hecho de que los demandantes no tenían derechos, creo que el caso de los agentes de ICE contra DACA, muere bajo los mismos argumentos.
Y en caso de que el tribunal considere que tiene Jurisdicción, se puede elevar un argumento para establecer que el DHS tiene deferencia en la interpretación de INA, y que se debe permitir al Secretario de Seguridad Nacional, el poder para establecer las políticas de discreción fiscal establecidas en el Memorandum de Morton.
Como observó en el 2001 la Juez Elena Kagan cuando se desempeñaba como Decana de la Facultad de Derecho de Harvard: "Las actividades reguladoras de las agencias de la rama ejecutiva, son una extensión de la política del Presidente y de su agenda.
Creo que Kobach y sus clientes deben de leer muy cuidadosamente la definición de Deferencia dada por Mr. Randolph J. May, en el 2006, si realmente quieren saber por qué están equivocados.
Si Kobach no sabe si el DHS tiene el poder para actuar, o cual es la fuente constitucional de los memorandos DACA, le sugiero que mire hacia la Corte Suprema.
La noción misma de la Deferencia Chevron, está "basada en la teoría de que la ambigüedad de una ley constituye una delegación implícita del Congreso a las Agencias para que llenen el vacío legal."
Eso es precisamente lo que el DHS ha hecho.
Por otra parte, INA proporciona autoridad al Poder Ejecutivo para otorgar Autorizaciones de Empleo a quien lo desee.
La Acción diferida ha estado presente por décadas, y el Congreso ha estado al tanto de este beneficio administrativo, que reconoció al promulgar la Ley de Identificación Real.
Hasta ahora, los casos Chevron, han sido temidos por los defensores de la inmigración y de los inmigrantes, por su potencial negativo, ya que legitima la represión gubernamental. Sin embargo, tiene el potencial positivo de permitir al Ejecutivo el ampliar los derechos individuales y la concesión de oficio de muchos beneficios.
También vale la pena mencionar que si bien la demada puede argumentar que no existe autorización expresa del Congreso para que la Administración de Obama ponga en práctica estas medidas, el Presidente puede actuar dentro de una zona gris, en la que tiene autoridad concurrente con el Congreso.
En en su opinión sobre el caso del 1952 "Youngstown Sheet & Tube Co. Vs. Sawyer", el Juez Jackson dijo que: "Si bien la Constitución asegura las libertades, también contempla que en la práctica, los poderes dispersos se integren en un gobierno viable. Se impone la separación de las ramas pero con inter-dependencia, con autonomía, pero con reciprocidad."
Si los abogados nativistas estan buscando en vano la autoridad explícita sobre INA que apoya el memo DACA, pueden dejar de buscar:
En el caso del 2001, "United States Vs. Mead", la Corte dijo:
"Sin el Congreso ... no puede haber autoridad expresamente delegada para ... llenar un vacío particular en la ley. Sin embargo, es evidente que el este espera que las Agencias, en general, hablen con fuerza de la ley cuando aborden una ambigüedad de la misma ... incluso una sobre la cual el Congreso no tenía realmente una intención de legislar."
Por último, no podemos separar por Estados los beneficios que reciben los Soñadores.
Estos gobernadores anti-DACA, exhudan xenofobia contra todos los inmigrantes y no son capaces de ver que los beneficiarios de DACA están fuera de estatus legal migratorio por causas ajenas a sus propias voluntades.
Incluso si uno culpa a sus padres, la razón principal de que exista esa enorme población indocumentada es debido a que tenemos un sistema de inmigración roto, que no ofrece suficientes posibilidades para poder legalizarse.
La oposición a DACA por parte de Arizona y otros estados, esencialmente desafía la autoridad del Gobierno Federal para ejercer la Discreción Fiscal.
Creo que tienen un caso perdido.
En la decisión de "Estados Unidos Vs. Arizona," el Tribunal Supremo reconoció el papel del Gobierno Federal en el ejercicio discrecional del Fiscal cuando el Juez Kennedy, escribiendo para la mayoría, señaló:
"Una característica principal del sistema, es el amplio margen de discrecionalidad ejercida por los funcionarios de inmigración ... Las autoridades federales como cuestión inicial, deben decidir si tiene sentido seguir o no con una de deportación en lo absoluto".
Kobach quiere que todos los Soñadores sean expulsados de los Estados Unidos.
Ni él, ni los Agentes de ICE pueden hacer ese llamado, sino que depende del DHS el decidir cuándo, o si, y que tipo de campaña inicia.
No es difícil de entender quien tiene la razón, sobre el poder inherente del ejercicio de la Discreción.
Es una verdad escrita en roca, que simplemente hay que conservar por el bien de todos los ciudadanos.
El sentido común y la decencia fundamental del pueblo norteamericano, guiado por la verdad permanente de la Constitución, tienen que prevalecer.
Hasta ahora, esa visión, nos ha servido a todos bastante bien.
