Por Aníbal E. Melo
Cuando los Padres Fundadores de los Estados Unidos redactaron la Constitución y la Carta de Derechos y establecieron la "doctrina de la separación de poderes", nunca hablaron de crear una excepción para las decisiones consulares
Esta se estableció mucho más tarde como consecuencia de las leyes y resoluciones ignominiosas que excluyeron a los inmigrantes chinos.
Hoy, si un ciudadano estadounidense desea patrocinar a su conyuge para obtener una tarjeta verde, y el USCIS le niega su solicitud sin explicar el por qué, puede demandar al USCIS en un Tribunal Federal para impugnar dicha decisión.
Sin embargo, si un Oficial Consular en el extranjero hace lo mismo, él o ella no tiene acceso a los tribunales federales por culpa de la doctrina consular de "nonreviewability".
¿Por qué los tribunales federales carecen de jurisdicción sobre la decisión de un funcionario consular del Departamento de Estado de negarle la residencia al cónyuge de un ciudadano estadounidense, cuando claramente tienen jurisdicción para revisar decisiones idénticas tomadas por un Examinador del USCIS?
Eso no tiene ningún sentido.
La reciente decisión de la Corte Suprema de conceder certiorari en el "Caso Kerry v. Din, 718 F. 3d 856 (9 Cir. 2013)", sobre una decisión del Tribunal de Circuito basada en una pequeña laguna legal existente en esta doctrina aparentemente absurda, permite a la Corte re-examinar la "nonreviewability" de las decisiones consulares por primera vez en más de 40 años.
Esta es la historia detrás del "caso Kerry Vs. Din":
En Septiembre del 2006, Fauzia Din, una ciudadana estadounidense, se casó con un hombre nacido en Afganistán.
El mes siguiente, presentó un Formulario I-130 o Petición de Visa de Inmigrante en su nombre.
En el 2008, el USCIS le notificó que su petición había sido aprobada y, en Septiembre de ese mismo año, el marido de la Sra. Din tuvo su entrevista.
Él respondió a todas las preguntas con la verdad, incluidas las relativas a su empleo como empleado del Ministerio afgano de Bienestar Social durante el régimen Talibán y su empleo en el Ministerio de Educación de Afganistán para el nuevo gobierno que llegó al poder después de la invasión estadounidense.
El Oficial Consular que realizó la entrevista le informó que iba a recibir su Visa de Inmigrante en las próximas semanas.
Sin embargo, después de muchos meses de espera, en Junio del 2009, se les informó que la Visa había sido negada y que él no era elegible para una exención.
Después de una investigación de por qué era inadmisible, en julio del 2009, la Embajada de Estados Unidos le envió un correo electrónico diciendo que la visa le había sido negada bajo "INA 8 USC 1,182 (a) (3) (B)".
Esa Sección de la ley enumera una amplia variedad de motivos de inadmisibilidad debido a actividades terroristas.
¿La Embajada creía que él era un terrorista, o simplemente que es inadmisible por haber trabajado como empleado del gobierno talibanes?
El Departamento de Estado se negó (y sigue negándose) a responderle esa importante pregunta.
La Sra. Din demandó al "Departamento de Estado" en una Corte Federal en un esfuerzo por obtener una respuesta.
Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito desestimó su demanda citando la doctrina consular de "nonreviewability".
Ella Apeló ese fallo ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito.
Finalmente el 23 de mayo del 2013, el Tribunal de Justicia declaró, en una decisión dividida, que esa doctrina tiene una excepción limitada, misma que se aplicaba a ella, y le ordenó al Departamento de Estado el proporcionarle a la Sra. Din una explicación "fide facie o legítima y de buena fe" para negarle la Visa de inmigrante a su marido citando la decisión del Tribunal Supremo en el "Caso Kleindienst v. Mandel, 408 EE.UU. 753 (1972)".
El Tribunal declaró que, si bien por lo general, los tribunales federales no tienen poder para revisar las acciones de los funcionarios consulares:
"... Hemos reconocido la existencia de una excepción limitada en la doctrina consular de "nonreviewability".
Cuando la negación de un visado envuelve los derechos constitucionales de un ciudadano estadounidense, la Corte puede ejercer "una revisión muy limitada exclusivamente para determinar si el funcionario consular actuó sobre la base de una razón legítima y de buena fe".
¿Por qué el Departamento de Estado, desafía esa muy limitada excepción cuando su propia "Declaración de Servicio al Cliente para Solicitantes de Visa" afirma:
"Nos comprometemos con usted, el solicitante de visa, de que ... le vamos a explicar la razón de la negación"
Con suerte, esperamos que la Corte Suprema se pronunciará pronto diciendo que una ciudadana estadounidense que ha estado luchando por traer a su esposo a los Estados Unidos por más de 8 años, tiene derecho a más que una citación de una Sección de un Código como razón por la cual un funcionario consular ha rechazado una solicitud para que su marido pueda convivir con ella.
Más importante aún, todo el fundamento de la doctrina consular de "nonreviewability" es contrario al concepto de una sociedad libre en la que los ciudadanos tienen garantizados ciertos derechos.
El Tribunal Supremo, en la consideración del "Caso Kerry vs. Din", debería re-examinar la "nonreviewability consular" ya que esa doctrina socava el derecho al debido proceso de ley garantizado en la Carta de Derechos.
En mi opinión la Corte Suprema debería de defender los derechos individuales tal y cómo lo establecieron los redactores de la Constitución, y proteger a los ciudadanos del poder sin control del Gobierno.
En nombre de la seguridad como en el de la libertad muchos son los crímenes cometidos.
La amenaza a la seguridad del país, ya sea grande o no, no es nada en comparación con lo que representa la anulación de las instituciones y el derecho al debido proceso legal.
No podemos permitir que un estado justifique sus acciones arbitrarias diciendo que las razones son secretas, y que la seguridad podría verse comprometida si la verdad fuese sacada a la luz pública en el curso de una Audiencia.
Pienso que el permitir que las "pruebas de culpabilidad" sean secretas debe ser rechazado por todos, ya que esto puede proporcionar un caldo de cultivo que le dé cabida a la malevolencia, a la desinformación, al tráfico de influencia, y para que los corruptos puedan arrogarse el importante papel de principales "informantes".
