jueves, 7 de febrero de 2013

Reforma Migratoria Y Centros Privados De Detención


Por Aníbal E. Melo


La Cámara de Representantes de Washington ya hizo su incursión oficial en el tema de la Reforma Migratoria en una Audiencia, en la que los republicanos tocarón nueva vez una familiar y sensible tecla.

A pesar de los niveles de deportación registrados en los últimos años, los republicanos del Comité expresaron que quieren más penalización, incluso aún, antes de apoyar cualquier idea de reforma integral.

Debido a esa mayor "aplicación de la Ley" que los republicanos piden, se me ocurre una pregunta espinosa sobre el actual proceso de reforma migratoria.

¿Se va a responder a las preocupaciones que muchos tenemos acerca de la forma en que los inmigrantes están siendo detenidos en espera de su deportación?

Defensores de la Reforma de Inmigración en todo el país están muy preocupados por el extenso complejo de cárceles y centros de detenciones privados, que se utilizan para encerrar a los no ciudadanos.

Un grupo de senadores encabezados por Patrick Leahy, (D-VT), Presidente del Comité Judicial del Senado, dió a conocer una dura carta dirigida a sus colegas, pidiendo una mayor protección para los inmigrantes dentro de los centros de detención.

De acuerdo con el Huffington Post, esos senadores escribieron:

"Nuestras leyes ordenan detención y deportación para muchas personas, negándoles el acceso a una Audiencia ante un Juez, y sin asistencia legal para los que no la pueden pagar".

"La penalización de Inmigración frecuentemente tiene como blanco a las minorías y a las comunidades de inmigrantes a través de perfiles raciales inadmisibles que infunden temor y desconfianza en la Policía y hace que las comunidades sean menos seguras. Nuestro sistema no es justo, y es desproporcionadamente punitivo".

El tono en la Audiencia del Comité Judicial, el martes 5 de febrero, sugiere que los republicanos en la Cámara estarían en desacuerdo con las ideas de esos senadores.

Digo esto, ya que expresaron opiniones de que se debería expandir las políticas que entrelazan la justicia criminal con el sistema de inmigración.

A pesar de una legalización masiva de inmigrantes indocumentados, que parece aprobable a primera vista, y que haría obsoleto el uso masivo de los Centros de Detención, ya hay esfuerzos en marcha para hacer que estos últimos crezcan en cantidad.

En los últimos años, la Administración Obama ha detenido y deportado inmigrantes a un ritmo sin precedentes.

Y aunque la Administración dice que se trata de delincuentes peligrosos, los críticos dicen que las leyes de inmigración se aplican discriminadamente.

La mayor parte de los 1.5 millones de personas deportadas en los últimos cuatro años estaban acusadas de violaciónes menores, y muchas se encuentran ahora sujetas a deportación, incluso si están en un camino hacia la legalización o ya tienen una tarjeta de residencia.

Y para los inmigrantes con una larga lista de condenas, la detención antes de la deportación es obligatoria.

Las leyes aprobadas en la década de los '90 dió poder a los Agentes de ICE y a los Jueces de inmigración para revisar los detalles de los detenidos que ya han sido liberados por el sistema penal, para encarcelarlos de nuevo y deportarlos.

De acuerdo con la organización "Detention Watch", aproximadamente dos tercios de los 400,000 detenidos del año pasado, estuvieron presos de forma obligatoria sin posibilidad de salir bajo fianza, en alguna de las más de 300 instalaciones que salpican el paisaje norteamericano.

Los defensores de los inmigrantes esperamos que un proyecto de ley de Reforma Migratoria debe comenzar a reemplazar la "detención obligatoria" con medidas alternativas, que a la vez permitan darle seguimiento a los no ciudadanos que se encuentran en proceso de deportación.

La semana pasada, el Presidente Obama dijo que parte de los objetivos perseguidos por la Casa Blanca con una Reforma de Inmigración es "lograr que el DHS pueda enfocar mejor sus recursos hacia la seguridad pública y a las amenazas contra la seguridad nacional".

En el año 2012, el Gobierno Federal gastó más de $2 billones de dólares en las operaciones de detención de inmigrantes, un aumento de 150% en tan sólo siete años.

Las dos empresas líderes, propietarias de Centros de Detención privados, "Corrections Corporation of America" y "GEO Group", juntas se embolsillaron cerca de $425 millones por concepto de sus contratos con ICE.

Esa "industria", gasta millones en el Congreso, y los Republicanos han dejado en claro, que no están interesados en perder ese dinero.

El Representante Randy Forbes, (R-Virginia), miembro del Comité Judicial de la Cámara, le dijo al Alcande de San Antonio, Texas, Julián Castro, quien testificó en la Audiencia, que Estados Unidos debe deportar sumariamente a las personas con afiliaciones en las pandillas "antes de que cometan un delito."

En el 2005, el Diputado Forbes archivó la "Ley de Disuasión De Gangas y Protección De La Comunidad", misma que habría llevado a la detención obligatoria y a la expulsión de cualquier persona que el gobierno etiquete como miembro de una pandilla, incluso si nunca ha sido condenada por un delito.

Recuerdo que un texto similar fue incluido en uno de los proyectos de reforma migratoria integral considerados por el Senado en el año 2006.

Pienso que leyes como ésas, fomentan la discriminación racial.

En la práctica, muchos jóvenes de color podrían ser documentados como pandilleros, por el lugar en donde viven, o por la escuela a la que asisten, no porque hayan cometido un delito.

Forbes sugiere que una medida de esa naturaleza debe ser añadida a la larga lista de penalizaciones y que el Congreso debería incorporarla al proyecto de reforma.

Por su parte, las organizaciones de libertades civiles y los grupos de derechos de los inmigrantes, abogan por una menor dependencia de los Centros de Detención en los procesos de control de la inmigración y por la restauración de la discreción de los jueces.

Pienso que es crucial que el Congreso incluya una reversión de las leyes de "detención obligatoria" en cualquier nueva legislación de inmigración.

Y es que entre los efectos colaterales que deja la detención de padres, regularmente se deja a los niños atrapados en hogares temporarios o en otras situaciones precarias.

Debido a las deportaciones que han tenido lugar en los últimos años hay alrededor de 6,000 niños ciudadanos que han sido colocados en hogares guarda, porque sus padres han sido deportados.

Es triste que a cambio de apoyar la legalización de los inmigrantes indocumentados, los republicanos exijan una expansión de ese tipo de programas.

Esos republicanos dicen que el encarcelamiento disuade a los inmigrantes de cruzar la frontera y que es lo que ha contribuido a crear la reportada baja actual.

Hay pocas evidencias que apoyan esa afirmación, sin embargo, en los últimos años, el Senador John McCain, principal republicano que apoya la reforma de inmigración, ha pedido millones adicionales para seguridad fronteriza.

Los procesos por delitos relacionados con la inmigración han aumentado en un 50% en los últimos cinco años, y la Oficina Federal de Prisiones está construyendo nuevas instalaciones para hacer más espacio.

En la década de los '90 se comenzó a subcontratar el funcionamiento de las prisiones federales para los llamados "extranjeros criminales", que incluyen a las personas declaradas culpables de violaciónes como re-entrada y otros delitos menores.

"Geo Group" y "CorrectionsCorporation of America", ahora operan 13 instalaciones que resguardan a 24,000 reclusos. Muchos están preocupados de que la reforma migratoria podría facilitar mayores oportunidades de negocios a esas empresas, ya que su expansión parece inevitable.

Un informe publicado en Septiembre del año pasado por la "Oficina de Contabilidad del Gobierno" reveló que el adicionar 1,500 presos más a esas instalaciones cada año, ha aumentado la población de las cárceles en un 50% en la última década.

En una medida que ayuda a mantener las prisiones llenas, hace menos de un mes, Darrell Issa, (R-California), miembro del Comité Judicial, introdujo una legislación para agregar tiempos mínimos obligatorios a las reglas de sentencia por re-ingreso y otros delitos relacionados con la inmigración.

En un acapite, el proyecto de ley establece un rango de sentencia de entre 10 y 20 años de carcel para las personas que regresan al país.

De ser aprobada, elevaría el tiempo que los internos pasan detrás de las rejas, y claro el ingreso de los propietarios de los centros privados de detención.

Que viva el capitalismo!