Por Aníbal E. Melo
Una nueva ronda de confrontación entre
la Casa Blanca y el Congreso, ahora sobre el presupuesto federal, está al explotar.
De lo que se trata es de la posible ocurrencia
de una serie de recortes automáticos de los fondos de todos los
organismos gubernamentales por un monto total de 1.2 trillónes de
dólares en los próximos 10 años.
Los cortes se podrían dividir 50-50 entre el
Departamento de Defensa y los gastos domésticos discrecionales.
Se supone que todo esto es parte de los
intentos del Congreso para detener el crecimiento de la deuda
nacional de Estados Unidos, que estalló cuando la recesión golpeó
en el 2007 y hoy asciende a más de $16 trillónes de dólares.
Lo de un posible "secuestro" ha estado en
la palestra desde hace más de un año, pero el Congreso lo pospuso
hasta el 1 de marzo del 2013 como parte del Acuerdo Fiscal arribado al final de la última
sesión legislativa.
Originalmente, el "secuestro",
es un término legal que se refiere a tomar la acción de congelar
cualquier actividad que pueda llevarse a cabo sobre un bien de valor.
Ejecutado por un Agente de la Corte que guarda dicho bien bajo su custodia, por lo general evita que sea
desaparecido o abusado antes de que un pleito legal sobre su
propiedad pueda ser resuelto.
Sin embargo, el término ha sido
adoptado por el Congreso de los Estados Unidos, para describir un
nuevo procedimiento de política fiscal previsto en la ley del 1985 de "Reduccion de Déficit Gramm-Rudman-Hollings".
Esa ley fue un esfuerzo para,
supuestamente, reformar los procedimientos de votación del Congreso
a fin de que incrementar o no el tamaño del déficit del presupuesto
federal fuese una cuestión de elección consciente y no simplemente
el resultado de un proceso aritmético de asignaciones
descentralizadas de las que nadie se daba cuenta hasta que era
demasiado tarde.
Me explico:
Si varias leyes aprobadas por separado prevéen un gasto público total en exceso de los
límites fijados por el Congreso mediante su "Resolución Anual
de Presupuesto", y este no se pone de acuerdo sobre la manera
de recortar ese total (o no pasa una nueva Resolución aumentando el
presupuesto), entonces ocurre un recorte de gastos "automático".
A este recorte automático de los
gastos, es a lo que se le denomina "secuestro".
Bajo este principio, una cantidad de
dinero igual a la diferencia entre el tope situado en la "Resolución
Anual de Presupuesto" y la cantidad realmente apropiada es
"secuestrada" por el Departamento del Tesoro y no entregada
a los organismos correspondientes.
En teoría, todas las Agencias sufren del mismo
porcentaje de dinero retenido con el fin de eliminar el exceso de
gasto sobre una base igualitaria.
Sin embargo, el Congreso siempre opta
por eximir a ciertos programas muy grandes de ese proceso de captura, cómo por ejemplo, el Seguro Social y ciertas partes del Presupuesto de Defensa.
Por su parte, y cómo resultado de que el número de programas federales exentos tienden a aumentar con el tiempo, un posible
"secuestro" tiene que tomar sus acciones golpeando los
presupuestos de los programas restantes a fin de lograr las
reducciones totales requeridas.
Hasta ahora, la posibilidad de que se
lleve a cabo un "secuestro" ha parecido tan catastrófica, que el Congreso no ha querido realmente dejar que suceda.
En su lugar, los legisladores han
preferido, repetidamente, elevar el techo de su Resolución Presupuestal Anual al final de cada sesión legislativa momento en que ya conocen los totales de gastos reales consignados.
El 1 de Marzo, veremos lo que sucede.
