En los últimos meses, miles de
inmigrantes que viven en los estados de Arizona y Alabama, se han
encerrado en sus casas, temerosos de enviar a sus hijos a las
escuelas, de comprar alimentos, o de búscar atención médica.
Las leyes anti-inmigrantes extremas emitidas en esos estados atacan todos los aspectos de la vida de los inmigrantes indocumentados y son diseñadas con el propósito de hacerle más difícil a ellos vivir tranquilos, por lo que supuestamente se van a autodeportar.
Promovidas por grupos y legisladores anti-inmigrantes, esas leyes son parte de un plan nacional macabro llamado "desgaste a través de la aplicación".
Los grupos detrás de ese plan persiguen hacer difícil, si no imposible, que los inmigrantes no autorizados vivan en la sociedad estadounidense, y mientras que algunas de las propuestas individuales pueden parecer relativamente benignas, forman parte de un plan más amplio y sistemático que persigue socavar los derechos humanos básicos, devasta las economías locales, e impone obligaciones innecesarias a los nativos.
Lo preocupante de este plan nacional anti-inmigrante, es que no tiene precedentes legales, fiscales ni económicos.
El desgaste a través de la aplicación es el control integral de la inmigración, utilizando una estrategia que ahuyente a la población no autorizada.
Esta estrategia fue concebida por grupos restriccionistas de inmigración, entre ellos la Federación Para La Reforma De Inmigración (FAIR) y el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), entre otros.
El problema es que el plan de desgaste mediante la aplicación implica la reducción de las economías locales y del número de inmigrantes, legales o no, que viven en los diversos Estados y
disuade las migraciones autorizadas, dando paso al aumento de las cargas impositivas sobre los ciudadanos.
El grupo restriccionista NumbersUSA ha dicho que: "No hay necesidad de que los ciudadanos legales y los contribuyentes vean gastar dinero al gobierno para deportar a millones de inmigrantes. Ellos van a comprar sus propios boletos de autobús o avión de vuelta a sus casas, si no pueden ganarse la vida aquí."
El propósito del desgaste a través de la aplicación es aumentar la probabilidad de que los extranjeros indocumentados vuelvan a sus casas sin la intervención de los organismos de inmigración. En otras palabras, supuestamente fomenta el cumplimiento voluntario de las leyes de inmigración a través de leyes más robustas.
Durante la última década, ya sea como resultado de ese esfuerzo o debido a la incapacidad para lograr consenso sobre una reforma de inmigración, el desgaste mediante la aplicación se ha convertido en la política oficial de facto.
Legisladores como Lamar Smith (R-TX), y Elton Gallegly (R-CA), han abrazado completamente este plan, e impulsado propuestas cada vez más duras para aumentar la aplicación de las leyes actuales contra cualquier persona que esté ilegalmente presente.
Con el apoyo de ambos partidos, las leyes que se han aprobado amplian la detención y la deportación, niegan beneficios a todos los inmigrantes, imponen restricciones sobre el acceso a las licencias de conducir, y aumentan la seguridad en la frontera sur.
Tanto las Administraciones republicanas como las demócratas parecen haber adoptado elementos de esta estrategia. Así, la implementación de políticas para ampliar el uso del E-Verify, la ejecución del programa 287(g) y del programa Comunidades Seguras, han convertido a este plan en ley de facto en lugar de reformar formalmente el sistema de inmigración mediante la ampliación de vías legales para que los inmigrantes puedan trabajar y reunificar sus familias en Estados Unidos.
El Gobierno federal ha puesto cada vez
más energía y recursos en la estrategia de la aplicación de las
leyes actuales de inmigración y en la deportación de un gran número
de personas, sin embargo, a pesar de los miles de millones de dólares
destinados a esta estrategia, la inmigración irregular ha seguido
aumentando.
Los defensores del desgaste a través de la aplicación dicen que Estados Unidos, simplemente no ha hecho lo suficiente, y que las condiciones no son todavía bastante desgraciadas para los inmigrantes indocumentados.
En los últimos años, organizaciones etiquetadas como "grupos de odio" por el Southern Poverty Law Center, han adoptado la estrategia a travez de los servicios estatales, y han apoyado activamente legislaciones locales preocupantes.
El anti-inmigrante de más alto perfil
de la estrategia de desgaste es Kris Kobach, el actual Secretario de
Estado de Kansas, y asesor de inmigración de Mitt Romney.
Kobach ha jugado con esta estrategia durante años. Inmediatamente después de los ataques terroristas del 2001, Kobach trabajó en crear una agenda anti-inmigrante post-9/11.
Por ejemplo, Kobach fue instrumental en
la creación del controvertido programa de seguridad nacional
"Registro de Entrada y Salida (NSEERS)," que requirió a
los musulmanes y a los
ciudadanos del Medio Oriente con visas
o con residencias, el registrarse en una lista del gobierno federal.
Actualmente, Kobach esta trabajando para sentar las bases para reforzar el papel de los policías estatales y locales en la detencion de inmigrantes por simples violaciónes civiles, y en un plan que impide la matrícula estatal a los inmigrantes no autorizados que se graduan de las escuelas de Kansas.
Mientras que estos esfuerzos han sido rechazados, Kobach sigue presionando por los mismos y promoviendo legislaciones restrictivas en todos los estados.
El esfuerzo para lograr crear un ambiente inhóspito para los inmigrantes no autorizados a nivel estatal y local, se remonta a más de una década.
En 1994, la Proposición 187 en California, por ejemplo, hubiese obligado a los trabajadores sociales, al personal de agencias estatales y a otros, a informar de cualquier presunto inmigrante no autorizado al gobierno federal.
Por otro lado, las leyes que niegan las licencias de conducir a los inmigrantes no autorizados, tienen la intención de hacer que sea difícil para ellos el completar las tareas diarias que requieran de la conducción.
En el momento de su aprobación en abril del 2011, la ley de inmigración de Arizona (SB-1070) superó a todas las anteriores políticas públicas de todas las agencias gubernamentales estatales y locales del país, en obstruir la vida cotidiana de los indocumentados.
La SB-1070 obliga a los organismos policiales a verificar el estatus migratorio de cualquier persona que pare o arreste y le reserva el derecho de mantenerlos en custodia.
Esta ley prohibe el transportar o albergar a un inmigrante indocumentado, y obliga a todos los Residentes Legales a portar todo el tiempo sus documentos de inmigración.
Por otro lado, Alabama, donde el total de los extranjeros representa solamente el 3% de la población general, ha puesto en práctica un plan agresivo de desgaste a través de la aplicación, con evidente mala intención por parte de sus partidarios.
Al igual que la SB-1070, la ley HB-56 contiene disposiciones relativas al trabajo, al porte de documentos, al albergue y transporte de inmigrantes indocumentados, y a la verificación por parte de la policía, sin embargo, también contiene disposiciones que obligan a los niños que van a las escuelas a proporcionar prueba de su estatus de inmigración antes de poder inscribirse, y disposiciones que restringen a los inmigrantes no autorizados a participar en contratos y negocios.
Lo bueno es que esta ley que se ha
implementado en Alabama, ha dado a los ciudadanos y residentes
legales, una ilustración útil de cómo la estrategia de desgaste a
través de la aplicación en la medida que es aplicada, es
experimentada por todos los residentes por igual.
La ley de Alabama se ha traducido en una expansión de los poderes del gobierno estatal en casi todos los aspectos de las vidas de los individuos, ciudadanos o no.
Si bien la ley HB-56, no se refirió explícitamente a prohibir a los niños el asistir a las escuelas, se logró que una gran parte de la población escolar hispana se ausentase de los centros escolares de todo Alabama.
Por su parte, la Sección 30 de esa ley, que convierte en un crimen el que un extranjero "presente ilegalmente en los Estados Unidos ... entre o intente entrar en una transacción de negocios con el Estado o con una subdivisión política", fue interpretada inicialmente como la necesidad de requerir prueba de estatus legal para adquirir los certificados de defunción, renovar permisos de negocios y licencias de conducir, renovar las etiquetas de registro de las casas móviles, e incluso pagar impuestos.
Para los hispanos que se han quedado a vivir en Alabama, la vida se ha convertido en una pesadilla.
Con cientos de miles de familias
destruidas, se han implementado líneas telefónicas para recibir
llamadas sobre el impacto de la nueva ley.
Varias organizaciones han documentado
cómo los empresarios han visto deteriorarse las comunidades, cómo
patronos se han negado a pagarle a sus empleados, y cómo los
propietarios se han visto impedidos de alquilar sus propiedades, todo
lo que ha conducido a empeorar una economía ya moribunda.
Por otra parte, particulares y empresas
han informado de que a los que parecen extranjeros se les hacen
comentarios despectivos y abusivos en público, y que los niños
hispanos en las escuelas están siendo tratados como personas de
segunda clase, efectivamente sometiéndolos a una especie de exilio
legal y moral.
En respuesta a una pregunta sobre las
"Consecuencias no intencionales de la ley", el congresista
de Alabama Mo Brooks, respondió: "Todos en Estados Unidos
estamos cansados de seguir pagando por la educación de los niños de
todo el mundo. Si se van por su propia cuenta, nadie va a ser
arrestado, nadie va a pasar tiempo en prisión y nosotros no
gastaremos recursos en lograr que los latinos dejen el estado."
Alabama esta a la espera de que la
población inmigrante no autorizada abandone el estado, sin embargo,
si las disposiciones de la HB-56 estaban destinadas a hacer cualquier
transacción dentro del estado un inconveniente, lo han logrado para
todos, con largas colas y retrasos en las oficinas gubernamentales.
Además, la seguridad pública se ha
visto comprometida ya que los inmigrantes temen denunciar los delitos
a la policía, y la salud pública se ha visto en peligro, ya que los
inmigrantes temen ir al médico para recibir atención.
En Estados Unidos, normalmente
cualquier ciudadano tendría compasión por las familias inmigrantes,
pero estas disposiciones han hecho temerle a las autoridades debido a
que podrían ser penalizados por albergar, transportar, o hasta
asistir conjuntamente a una familia indocumentada a la iglesia.
Para muchos de los residentes, las
consecuencias negativas de la ley de Alabama en la economía estatal
son inmediatas y devastadoras.
Mientras que los defensores de la HB-56 sostienen que la ley le ahorrará dinero al estado y reducirá el desempleo, la misma es muy costosa de implementar y defender en los tribunales.
La Universidad de Alabama ha dicho que
la HB-56 podría reducir el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB)
del estado en $10,8 mil millones y Alabama podría perder hasta $264
millones en ingresos por concepto de impuestos sobre las ventas
dejados de cobrar.
Por su parte, para tomar medidas para
protegerse de las fuertes sanciones de la ley, las empresas gastan
más para contratar a un empleado, sin hablar de los costos de
litigios debido a que cualquier trabajador legal puede demandar a un
empleador si contrata a un trabajador no autorizado.
Es evidente que las dificultades
experimentadas por las empresas de Alabama son no deseadas, pero las
consecuencias devastadoras de la ley sobre los inmigrantes no
autorizados y sus familias son intencionales, y si uno mide el éxito
de la ley, por el grado de deterioro de todos los aspectos de la vida
en Alabama, podemos concluir que ha sido un gran desacierto. Las
duras leyes estatales sólo han tenido éxito en lograr que la vida
sea más difícil para todos.
El objetivo de la estrategia de
desgaste a través de la aplicación es la misma que la deportación
en masa: obliga a todos los inmigrantes que se encuentran ilegalmente
a salir de Estados Unidos, a pesar del tiempo vivido aquí, al
arraigo a las comunidades y a las familias.
Teniendo en cuenta el hecho de que el
desgaste a través de la ejecución ha tenido efectos devastadores en
las comunidades, debemos preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de
país es el que realmente queremos.
Es posible crear dentro de las
comunidades un ambiente tan inhóspito que la gente opte por
abandonar los verdaderos valores estadounidenses?
Si el sistema de inmigración legal
sigue por este camino, ¿Cómo nos distinguiremos de los países
donde el crimen, el terrorismo, la económia, la agitación y la
violencia política han creado condiciones de vida insoportables.
Debemos crear un ambiente general
funcional y un sistema legal de inmigración para el siglo 21.
El Congreso y el Presidente tienen que
crear un proceso legislativo serio, donse se trate humanamente a los
millones de inmigrantes no autorizados que actualmente viven en los
Estados Unidos, ya que en parte, de eso depende la recuperación
económica de la nación.
Aseguremosno de que todos los inmigrantes, tengan un estatus legal adecuado y pongamos fin al miedo y a la ira desenfrenada que está permitiendo a las organizaciones restrictivas y a los políticos miopes, el intervenir y ofrecer su plan de desgaste a través de la aplicación, solución que no es ni práctica ni razonable.
