Por Anibal E. Melo
El “Pew Research Center (PEW)” afirma que en los Estados
Unidos hay 11 millones de extranjeros indocumentados.
Sin embargo, estoy convencido de que esas estimaciones no
son confiables. Creo que el número es mucho mayor.
Pero, ¿Podrá el Presidente Trump deportar a millones de
extranjeros indocumentados en 4 años?
Todo extranjero acusado de ser deportable tiene derecho
legal a una Audiencia ante un Juez de Inmigración.
Y los Tribunales de Inmigración siempre han tenido grandes
atrasos, que siguen creciendo.
El Tribunal de Inmigración completó 181,575 casos en el año
fiscal 2015, lo que es impresionante si tomamos en cuenta que sólo tiene 273
jueces.
Sin embargo, el número de Casos Pendientes de Resolución era de 521,676 para finales de Octubre del
2016.
Para poner esto en perspectiva, es un promedio de 1,910
Casos para cada uno de los 273 jueces.
El tiempo promedio de espera para una Audiencia a finales de
Octubre era de 675 días.
Lo que es un par de meses menos de dos años.
Si agregamos, por ejemplo, 11 millones de nuevos Casos al atraso actual, el nuevo recuento sería de 11,521.676.
Suponiendo que ningún extranjero adicional entrase ilegalmente
a los Estados Unidos, el promedio para cada uno de los 273 jueces aumentaría a
42,204 casos.
Y el tiempo promedio de espera aumentaría a 14,915 días, lo que
sería aproximadamente 41 años.
El número de jueces de inmigración puede ser aumentado, pero
el aumento estaría limitado por la disponibilidad de abogados calificados para
convertirse en jueces de inmigración y dispuestos a hacerlo.
Supongamos que la Corte de Inmigración se triplique en
tamaño, y llegue a ser de 819 jueces.
El tiempo medio de espera para una Audiencia se reduciría a
4,972 días, lo que sería
aproximadamente 13 años y medio.
Por otro lado, los extranjeros que han sido encontrados
deportables por un juez de inmigración pueden retrasar las órdenes de
deportación Apelando frente a la “Junta de Apelaciones de Inmigración”, y no
pueden ser deportados mientras sus apelaciones están pendientes.
Sin embargo, la Junta no es un órgano estatutario.
Fue creada por Regulaciones Federales, que especifican su
jurisdicción y poderes, y el Presidente puede promulgar nuevas para eliminarla.
Dicha Junta es necesaria para revertir los errores cometidos
por los Jueces de Inmigración y para mantener la consistencia en la interpretación
y aplicación de la ley.
Ella recibió 284,667 casos en el año fiscal 2015 y completó
262,293, lo que es un número impresionante para una Junta que sólo cuenta con
17 miembros.
Sin embargo, esto dejó una carga pendiente de 16,945 casos.
Siempre he mantenido que el trabajo de la Junta podría
hacerse más eficientemente reemplazándolo por una Corte de Inmigración
compuesta por Jueces Federales de jurisdicción limitada.
Esto reduciría el retraso, no lo eliminaría, y tomaría un
buen tiempo establecerlo y proveerlo de personal.
A mi modo de ver, el Presidente Trump tiene dos
alternativas:
Puede seguir adelante con su plan para deportar a los 11
millones de indocumentados extranjeros y fracasar miserablemente.
O persuadir al Congreso controlado ahora por los
Repúblicanos para establecer un “Programa de Legalización” que reduciría ese
número a un nivel manejable.
Los “Requisitos de Elegibilidad” de dicho programa podrían
ser redactados para excluir a los extranjeros que no creen en nuestra
Constitución, o que apoyan la intolerancia y el odio, e incluir sólo aquellos
de los que se espera que florezcan y abracen la tolerante sociedad americana.
¿Qué primera alternativa creo que Trump deberia elegir?
El “Programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Niñez (DACA)”.
Además de la disponibilidad de información existente sobre
ellos en el sistema escolar público y en otros lugares, son el grupo más simpatico de ayudar, ya que son completamente inocentes de
cualquier culpa.
Ellos no optaron por venir aquí en violación de las leyes
migratorias.
Fueron traídos por sus padres.
Y serían los más americanizados de todos los grupos de
extranjeros indocumentados.
Recordemos que ya existe un “Proyecto de Ley” con esos
fines, que podría modificarse para satisfacer el criterio de elegibilidad del
Nuevo Presidente, el “Dream Act”, que siempre ha tenido un amplio apoyo
bipartidista y popular.
