viernes, 13 de abril de 2012

Si Negamos Derechos A Otros, ¿Cómo Podemos Esperar Respeto?

                                                                                                         
Por Aníbal E. Melo

Registrese o Recomiende un Amigo Enviándonos su EMAIL











Nos hemos acostumbrado tanto a oír hablar de los extranjeros que son interrogados en los trenes y en los autobuses, y de personas que lucen indocumentadas que son obligadas a presentar sus documentos de identidad, o son arrestadas si no pueden probar inmediatamente su estatus legal, que ya no ponemos mucha atención.

Ya no protestamos contra las leyes estatales odiosas que obligan a las diversas policías locales a actuar como agentes de inmigración.

Por otro lado, no encontramos muchos artículos en la prensa escrita acerca de los terribles atropeyos cometidos a diario por las autoridades federales al momento de la detención de cualquier inmigrante, legal o no.

En este sentido, creo que este blog, es una notable excepción.


Aparte de algunas voces en el desierto, no mucha gente presta atención a la actitud general de desconfianza, paranoia y hostilidad que la burocracia de inmigración está mostrando contra los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar al país, ya sea cuando llegan a un puerto de entrada con sus visas de turista, o cuando ya están dentro de Estados Unidos.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que lo mismo le suceda a los estadounidenses.

Ejemplo de esto es el de Laura Poitras, cineasta ciudadana, que ha sido repetidamente detenida e interrogada al volver a entrar a los Estados Unidos a causa de sus documentales que critican la política estadounidense en Irak y la "Guerra contra el Terror".

Otro ejemplo es el de Pascal Abidor, ciudadano de los Estados Unidos que fue esposado, llevado en un tren de Montreal a Nueva York y recluido en una celda durante varias horas antes de ser puesto en libertad sin cargos. Su "delito", estaba haciendo un doctorado en Estudios Islámicos.

Y estos, no son casos aislados.

Una solicitud de FOIA del 2011 hecha por la ACLU, reveló que en un período de 18 meses contado a partir del 1 de octubre del 2008, a más de 6,600 personas, la mitad de ellas ciudadanas estadounidenses, se les colocó dispositivos electrónicos sin orden judicial.

Otras muchas han visto como sus ordenadores portátiles, celulares o cámaras han sido incautados y, a veces nunca devueltos.

Mientras el gobierno siga pisoteando los derechos humanos básicos de los inmigrantes en su prisa por deportar a todo aquel que carece de estatus legal, los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos estadounidenses también estarán en peligro.

El efecto de este brutal trato, sin duda deleita a todos los anti-inmigrantes profesionales, pero va en contra de los intereses y esfuerzos realizados por Estados Unidos para atraer a más turistas y a más profesionales extranjeros altamente cualificados.

Se trata simplemente de estupidez por parte del gobierno? ¿ De pura pose política?


O... las dos cosas a la vez!