Imagínense un
procedimiento legal en el que el juez es contratado por el Fiscal, el
acusado ni entiende el delito, ni tiene abogado que lo defienda, el
proceso se lleve a cabo en un idioma que no comprende, y el castigo
es la separacion de su familia por el resto de su vida.
Esto parecería ser una escena en un
Tribunal de algún régimen totalitario, pero en realidad, la
descripción anterior representa la "justicia" en los
tribunales de inmigración de los Estados Unidos.
Es un mundo extraño e invisible para
la mayoría de los estadounidenses, en el que se utiliza el poder del
gobierno de forma abusiva y arbitraria, los derechos constitucionales
son inexistentes, las vidas son destruidas, y no hay prácticamente
ninguna posibilidad de corrección de las sentencias.
Los
tribunales de inmigración determinan si un no ciudadano puede
permanecer en los Estados Unidos o ser deportado.
Unos 260 jueces toman esa decisión.
Estos jueces son abogados contratados por el Departamento de Justicia
y designados por la Procuraduría General.
En contraste con todos los demás
jueces de Estados Unidos, los jueces de inmigración no son, ni
independientes ni imparciales, y no están sujetos al código de
ética judicial general.
Pueden interrogar a los inmigrantes y a
los testigos como si estuviesen llevando a cabo una inquisición.
Muchos de estos jueces son parte de la "guerra contra los
inmigrantes".
Por otro lado, bajo las reglas de
competencia y de apelación, sus decisiones son casi totalmente
aisladas de revisión por reales jueces federales.
De hecho, en los pocos casos en que la
revisión federal se ha producido, con frecuencia los jueces de
apelación han condenado la conducta de los jueces de inmigración
por ser: "hostiles", "intimidantes",
"insultantes", "destempladas", "sarcásticas",
"burlonas", "despreciativas",
"irracionales","arbitrarias","incomprensibles","
incoherentes" e "indescifrables".
Hubo un juez de inmigración que entre
burlas se refirió a sí mismo como "Tarzán" frente a una
acusada de Uganda llamada Jane.
Otro juez de inmigración, menospreció
al inmigrante, de acuerdo con un Tribunal Federal de Apelaciones que
dijo que el proceso utilizado, "parece más apropiado de un
programa de televisión que de una Corte en un proceso judicial
federal."
Richard Posner, uno de los jueces más
respetados del país, ha dicho que las resoluciones dictadas por los
jueces de inmigración "han caído por debajo de los estándares
mínimos de la justicia legal."
Sin duda, los jueces de
inmigración operan en condiciones extraordinariamente difíciles, lo
que tal vez provoca algunos de los excesos mencionados anteriormente.
Su carga de trabajo es enorme -
alrededor de 270,000 casos están siendo manejados por los 260 jueces
de inmigración - prácticamente sin personal ni apoyo
administrativo.
A pesar de que que las agencias de
aplicación de la ley siguen añadiendo más inmigrantes a la agenda
de los tribunales, una medida de congelación impide la contratación
de nuevos jueces de inmigración.
Para tener una idea de la carga de
trabajo, hay que tener en cuenta que algunos jueces de inmigración
deciden hasta 2,400 casos de deportación en un año.
Si un juez trabajaba 5 días a la
semana durante 52 semanas, él o ella será responsable de resolver
10 casos por día.
Suponiendo que la mayoría de estos
casos tienen que ver con el destino de una persona que busca
permanecer en este país con su familia y sus amigos, y que desea una
audiencia judicial para demostrar que él no debe ser deportado, es
imposible incluso para los más bien intencionados y profesionales
jueces de inmigración el hacerle justicia a todos los acusados.
En tal ambiente - descrito por un juez
de inmigración "como tratar un caso de pena de muerte en
un ambiente de corte de tráfico," es casi seguro que muchos de
los resultados son arbitrarios, descuidados, irracionales, e
injustos.
Pero los jueces son sólo una parte de esta imagen
mezquina y desesperada.
Los inmigrantes no tienen derecho a la
asistencia de un defensor público,
y a pesar de los denodados esfuerzos de los servicios de defensa
pro-bono, y de las clínicas de las escuelas de leyes, la gran
mayoría de los inmigrantes detenidos carecen de asesoría legal.
Es irónico...
Una persona acusada del
robo de una lata de frijoles, tiene el derecho constitucional a un
abogado, a un juicio con jurado donde la culpabilidad debe serle
probada más allá de toda duda razonable, a llamar e interrogar a
testigos, a examinar los archivos de la fiscalía, y a apelar los
veredictos de culpabilidad, sin embargo, en un procedimiento en donde
se decide si una persona va a ser separada de su familia de por vida,
no existe ninguno de estos derechos.
Incluso en los casos en
los que un abogado comparece en favor del inmigrante, el desempeño
de muchos de esos defensores ha sido duramente criticado en numerosos
informes y estudios como incompetente y perezo.
Algunos pretenden ser abogados expertos en inmigración, para aprovecharse de inmigrantes vulnerables, que necesitan desesperadamente asistencia jurídica.
Aún
cuando un abogado competente es contratado, su representación a
menudo se ve obstaculizada por la transferencia de los inmigrantes de
un centro de detención a otro.
De hecho, por ejemplo, dos tercios de
todos los inmigrantes detenidos en Nueva York, son enviados a centros
de detención en Texas o Luisiana. Y el 80% de estos inmigrantes no
tienen abogados.
No hay que ignorar la realidad práctica
de que incluso el mejor abogado, para defender eficazmente a su
cliente a veces tiene que moderar su celo debido a la intimidación que siente
frente a un juez de inmigración.
Por otra parte, es una tarea
casi imposible para el inmigrante el comprender plenamente las normas
legales de un proceso de deportación.
La ley de inmigración, de acuerdo con
jueces, grupos profesionales y académicos es de las más difíciles,
sólo comparable con la legislación fiscal.
Para ser deportado, un inmigrante
legal, en general debe haber cometido un "delito grave" o
un "delito que implique depravación moral."
Pero ya que hay decenas y decenas de
crímenes potencialmente deportables en los códigos penales federal
y estatales, el decidir cuáles califican, implica un proceso de
interpretación que el Juez Alito, de la Suprema Corte de Justicia,
en el caso histórico "Padilla v. Kentucky", calificó de
"confusión que da vértigo".
De hecho, las 14 páginas de opinión
concurrente del Juez Alito, fueron dedicadas exclusivamente a
demostrar la complejidad, la ambigüedad y las características
incoherentes de las leyes de inmigración.
El Juez Posner ha dicho que hay una
"lógica retorcida", en la opinión de algunos jueces de
inmigración, referente a la determinación sobre lo que constituye "persecución".
Los jueces y los abogados, sin duda,
tienen dificultades para tratar de descifrar los matices de la ley de
inmigración, y es una perversión aún mayor de la justicia, el
esperar que un inmigrante sin abogado y frente a un juez duro e
impaciente sea capaz de comprender y aplicar las leyes y normas que,
incluso Magistrados del Tribunal Supremo han dicho que son
confusas.
Por último, hay que añadir a lo grotesco de todo
este proceso, una carga más para los inmigrantes que no entienden
Inglés y que tratan de comprender los procedimientos judiciales.
Los traductores de las Cortes a menudo
traducen sólo partes seleccionadas de los procedimientos.
Por lo general traducen cuando el juez
se dirige a los abogados o al propio acusado, pero a menudo no
traducen las declaraciones de los testigos, lo cual es crucial para
que la credibilidad y otras determinaciones de hecho sean la base
real de la decisión del caso.
El panorama es sombrío y
terrible.
La American Bar Association ha hecho
varias recomendaciones importantes: 1.- Separar a los jueces de
inmigración del Departamento de Justicia y hacerlos independientes.
2.- Mejorar la profesionalidad y la formación de dichos jueces,
entre otras.
Por otro lado, pienso que es evidente
que el aumento de la disponibilidad de abogados de inmigración
cualificados es crítico.
Proporcionar más recursos al sistema,
también es crítico, sin embargo, dada la fuerte represión para
deportar bajo la que opera la administración Obama, no me está claro
si recursos adicionales harán alguna diferencia.
El propósito de este artículo no es
criticar, sino airear la contaminación del actual sistema de
justicia de inmigración todo lo que se pueda.
Como el Juez Louis
Brandeis, una vez comentó: "La luz del sol es el mejor
desinfectante".
