Por Aníbal E. Melo
Hace quince años, parecía que la Reforma Integral De Inmigración
era inminente.
La semana anterior, al 11 de Septiembre, el Presidente de
México Vicente Fox, visitó los Estados Unidos y habló con el Presidente Bush
y con el Congreso sobre la necesidad de una Reforma.
El momentum estaba creciendo.
Sin embargo, los trágicos sucesos del 11 de septiembre
marcaron el debate sobre la inmigración hechándolo hacia atrás de manera
significativa.
Ahora, en el mundo post-11/9, la política de inmigración es
definida por el "terrorismo".
Es decir, una vez que se hizo evidente que los ataques
fueron llevados a cabo por extranjeros, aumentó la presión para la adopción de
nuevas restricciones a la inmigración en nombre de la seguridad nacional.
Por años, cualquier conversación sobre una Reforma Integral
estuvo muerta.
Muchos cambios han sido hechos al Sistema de Inmigración
en los últimos quince años y, aunque la mayoría han estado destinados a frenar el
terrorismo, esas políticas han tenido un impacto significativo muy negativo en
todas las comunidades de inmigrantes.
Algunos de los más notables incluyen:
El “Programa Nacional de Seguridad De Sistema de Entrada
y Salida (NSEERS)”.
Implementado de manera inmediata luego de los ataques, requiere
que a los varones con ciudadanía de países que tienen "presencia terrorista
significativa" se les tome las huellas dactilares y su fotografia.
A pesar del hecho de que “NSEERS” terminó oficialmente en
el 2011, la retórica de la "investigación extrema de antecedentes" ha
resurgido con Donald Trump.
Recordemos que la autoridad legal para reanudar dicho Registro
Especial se mantiene en los libros.
Por otra parte, los Refugiados y los solicitantes de Asilo,
muchos de los cuales vienen huyendole al terror, han sido el foco de muchas de
las medidas de seguridad post-9/11.
Y a pesar del hecho de que ya eran uno de los grupos de
inmigrantes más fuertemente evaluados, los controles relacionados con la Seguridad
se han vuelto aún más intensos, a menudo retrasando los procesos y, reduciendo
el número de refugiados admitidos anualmente a los Estados Unidos.
Inmediatamente después del 9/11, el Gobierno Federal anunció
su intención de colaborar con la Policía estatal y local, y usarlos como
"multiplicadores de fuerza" para identificar y deportar inmigrantes a
través del “Programa 287(g)”.
Los gobiernos estatales y locales se han involucrado aún
más en el ambito de la inmigración creando una amplia gama de leyes y políticas
destinadas a disuadir a los inmigrantes y refugiados de establecerse en ellos,
como por ejemplo, la “Ley SB1070” de Arizona.
Sin embargo, no toda la respuesta posterior al 9/11 ha
sido negativa.
Algunos Estados y localidades han promovido políticas
destinadas a acoger a los inmigrantes e integrarlos en su vida social, cultural
y económica.
Muchos políticos han reconocido, que si las estrategias
que se adoptan respecto de los recién llegados no los aislan, se tendrá más
éxito en la lucha contra el resentimiento, mismo que sirve de alimento para los
actos de violencia.
Hoy quince años después del 9/11, muchos defensores y
líderes políticos debemos volvernos a enfocar en una Reforma amplia al sistema
de inmigración.
Mantener a la nación segura como una Caja Fuerte siempre
será un elemento importante de la política de inmigración futura, siempre tomando
medidas que garantizen que los que entren a los Estados Unidos no hagan daño.
Sin embargo, ya es tiempo de llevar a cabo una Reforma de
Inmigración amplia.
Una que cree un nuevo sistema migratorio que sea útil para el Siglo
XXI.
Una que nos mantenga a salvo de los terroristas, sin que comprometa
los valores en que la inmigración ha beneficiado a este gran país económica,
cultural y socialmente.
