No es
sorprendente que la Corte Suprema concediese la “Petición Certiorari” (recurso
mediante el cual una parte en un pleito judicial le solicita a un tribunal utilizar
su discresión para revisar la decisión de un cuerpo adjudicativo de menor
jerarquía), en este caso.
Pienso que la nación
puede recibir la última palabra sobre la legalidad del programa para la
ampliación de la Acción Diferida para los padres indocumentados de los
ciudadanos y los padres indocumentados de los residentes permanentes legales, para
el Verano.
El caso plantea preguntas
jurídicas importantes, complejas y significativas con ramificaciones
nacionales.
Y es que aunque
el tema de inmigración es muy importante, las cuestiones más generales implicadas
en el caso, como el alcance relativo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en
la aplicación de la ley, van mucho más allá del de la inmigración.
Muchos críticos
han desafiado a Obama a gritos diciendo
que la Acción Ejecutiva de su Gobierno está tratando de arrogarse un poder
concedido por la Constitución solamente al Congreso.
Mi firme creencia
es que el diálogo constitucional sobre los límites del poder del Congreso y el
del Ejecutivo en materia de inmigración es saludable, pero para comprender
plenamente este caso, también se debe apreciar que se trata del producto de por
lo menos una década de debate nacional sobre el tema de inmigración.
Entre los muchos
actores están:
Que durante al
menos los últimos diez años, ha debatido diversas formas de legislación
migratoria.
Recordemos, que
un proyecto de ley de penalización fue aprobado por la Cámara de Representantes,
lo que dió lugar a protestas públicas memorables en ciudades de todo el país en
el 2006. Todavía en este momento, no se ha legislado nada y existe gran
frustración entre muchos estadounidenses, los inmigrantes y los líderes
políticos.
En este orden de
ideas, un movimiento político dirigido por estudiantes universitarios
indocumentados exigió re-enfocar la reforma de las leyes de inmigración, y la Ley
DREAM (Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros) fue propuesta en
el Congreso, con el apoyo de, entre otros, el ultra conservador Senador Orrin
Hatch (R-Utah).
Aunque obtuvo un
apoyo sustancial, no atrajo el suficiente para ser aprobada.
El DREAM Act hubiese
permitido a los indocumentados que llegaron aquí como niños obtener la
regularización de su situación migratoria.
Luego de eso, el
Congreso ha debatido otros proyectos de leyes que han tratado de reformar las
leyes de inmigración sin frutos.
En el intento más
reciente, el Senado en el 2013 aprobó una Ley de Reforma Migratoria Integral
bipartidista que habría proporcionado una vía de legalización para los indocumentados,
reformaba disposiciones legales de inmigración y de su control.
Lamentablemente, el proyecto de ley nunca fue enviado al pleno de la Cámara de
Representantes.
El fracaso del
Congreso para promulgar una Reforma Migratoria dio paso a que muchos gobiernos
estatales y locales en los últimos años hayan aprobado y promulgado leyes diseñadas
para facilitar el control y las cuestiones que implican federalismo y supremacía
federal.
La ley más
conocida de este tipo es la “S.B. 10-70 de Arizona”, que el Tribunal Supremo
anuló en gran parte como precedida por la Ley Federal de inmigración en el 2012
en el caso “Arizona Vs. Estados Unidos”.
Otros Estados,
como California, han tratado de integrar mejor a los inmigrantes residentes en
la comunidad en general, aprobando y promulgando leyes que extienden la
elegibilidad para obtener licencias de
conducir a los indocumentados, y que les permite pagar “matrícula de residente”
en las universidades públicas.
La Rama Ejecutiva:
La Administración
Obama ha hecho del control y la penalización de la inmigración una prioridad.
A través de “Comunidades
Seguras” y del “Programa de Cumplimiento de Prioridad”, la administración busca
deportar a los inmigrantes condenados por delitos graves.
La esperanza es
establecer un fuerte historial de penalización, para en última instancia convencer
al Congreso de aprobar una Reforma Migratoria Integral.
Con ese fin, el Gobierno
estableció la deportación anual de cientos de miles de inmigrantes al año.
También ha tomado
posiciones de penalización extremas, incluyendo la detención de familias
enteras y las redadas domiciliarias recientes, tratando de disuadir a los
centroamericanos que huyen de la violencia de no venir a los Estados Unidos.
Obama implementó
el “Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” en el 2012, y
en noviembre del 2014, la Administración anunció la “Acción Diferida para los
padres de estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA)”, pero un Tribunal
Federal del Sur de Texas ordenó detener la ejecución del programa y la Corte de
Apelaciones para el Quinto Circuito confirmó la medida cautelar en noviembre
pasado.
Ahora, el
Tribunal Supremo revisará el caso.
La Suprema Corte:
El Tribunal
Supremo ha oído regularmente casos de inmigración durante muchos años, especialmente
conociendo casos en los que el Poder Ejecutivo trata de eliminar a Residentes Permanentes
Legales de muchos años por delitos penales.
Últimamente, la
Corte, por ejemplo, decidió en el caso “Mellouli Vs. Lynch”, rechazar el
esfuerzo para eliminar a un inmigrante por causa de una convicción menor de parafernalia
de drogas.
En el 2013, la
Corte rechazó una orden de expulsión en el caso “Moncrieffe Vs. Holder” basado
en la convicción que implica la posesión de una pequeña cantidad de marihuana
para uso personal.
La más importante
decisión sobre inmigración de los últimos años es la dada por la Corte Suprema en
el caso “Arizona Vs. Estados Unidos”.
La Corte dejó en
claro que la Ley Federal es suprema cuando se trata de inmigración e invalidó
varias disposiciones de la ley de Arizona que encontró se inmiscuían con ese
poder.
La decisión
sorprendió a algunos observadores quienes habían predicho que la Corte Roberts defendería
la ley de Arizona en su totalidad.
Estados Unidos Vs.
Texas:
En este caso, las
cuestiones jurídicas técnicas son las siguientes:
(1)
Los Estados
están legitimados para desafiar DAPA?
(2)
Si DAPA
es arbitraria, caprichosa o de otra forma no esta conforme con la ley; y
(3)
Si el
caso esta sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo.
Es un caso que
por su naturaleza esta políticamente cargado, y me parece claro que sin
importar la decisión final de la Suprema, la nación va a debatir ampliamente el
tema.
Vamos a ver cómo
este último capítulo se desarrolla!
