Por Aníbal E. Melo
Cada cierto tiempo, los opositores del control de la natalidad logran la atención de los medios de comunicación oponiéndose al plan federal de anti-conceptivos del Presidente Obama, mismo que garantiza que millones de mujeres tengan una cobertura de anticoncepción, sin costos extras para sus bolsillos.
Cada cierto tiempo, los opositores del control de la natalidad logran la atención de los medios de comunicación oponiéndose al plan federal de anti-conceptivos del Presidente Obama, mismo que garantiza que millones de mujeres tengan una cobertura de anticoncepción, sin costos extras para sus bolsillos.
Esta semana, 12 demandas fueron presentadas en las Cortes, cuestionando la norma.
Dichas demandas han causado gran sensación en virtud de su número, pero cuando uno se detiene a escrutinarlas, no hay nada que ver.
La norma presidencial es constitucional, no viola ninguna ley federal, y es de suma importancia para las mujeres.
El principio de la Primera Enmienda, ya interpretada por los tribunales, es el siguiente:
"La cláusula del libre ejercicio no requiere de exenciones dadas por una ley neutral de aplicación general."
Como dijo la Corte Suprema hace dos décadas, en un dictamen elaborado por el Juez Scalia, hacer lo contrario sería crear un sistema "en el que cada conciencia sea una ley en sí misma."
Si una norma se aplica por igual y no se dirige contra ninguna fe en particular, no es una violación a la Primera Enmienda.
Todos sabemos que la regla de cobertura de anti-conceptivos se aplica a todo el mundo y que no se dirige a nadie en particular. Fin de la historia.
Creo que los casos que desafían la norma federal de los anti-conceptivos, tienen incluso menos que una pierna para sostenerse.
Escribo esto, porque, además de la exención para las iglesias y otros lugares de culto, la administración Obama está ampliando la franja de instituciones que pueden estar excentas, y ha dicho que los empleadores no tendrán que pagar por la cobertura, pero que los empleados todavía la obtendrán.
El enfoque de los demandantes tiene un clavo de ataúd sobre sus demandas ya débiles.
Para terminar, es útil colocar estas demandas en un contexto más amplio que el de la defensa de los anticonceptivos.
Apenas la semana pasada, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (que "aplaude" las doce demandas) envió un comentario al Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre la propuesta de modificación ampliando las instituciones que no tienen que tomar parte en la prestación de cobertura a sus empleados.
En lugar de sugerir cómo podría funcionar mejor la idea, los Obispos dijeron que la única manera de abordar sus preocupaciones es revertir el plan y borrar por completo el requisito de cobertura para todas las mujeres, en todos los trabajos y en todas partes.
Esa ha sido su meta desde el principio.
Los Obispos, por supuesto, también mantienen que los anticonceptivos "no son parte de los servicios generales de salud".
Y pienso, que se lo pregunten a los millones de mujeres que dependen de los métodos anti-conceptivos para proteger su salud todos los días, a los niños que nacen sanos porque sus madres fueron capaces de planificar sus embarazos, a los Centros para el Control de Enfermedades, que dicen que la planificación familiar es uno de los mayores logros de salud pública del siglo pasado.
Y eso nos trae de vuelta a lo que realmente está pasando aquí.
Es que la lucha que estas instituciones están llevando a cabo no es en favor de la libertad religiosa.
De lo que se trata, es del afan de negarle el derecho a las mujeres a tener cobertura del control de la natalidad, y de si ellas deben poder decidir qué hacen con la misma, sobre la base de sus propias creencias y necesidades.
