Hoy en este blog recordamos a todos los héroes caídos, especialmente a los hispanos, mismos que han hecho el mayor sacrificio de todos (darse ellos mismos) para protejer las libertades civiles de las que disfrutamos aquí.
Oramos por los veteranos caídos con lágrimas derramadas y miramos hacia la bandera americana con profunda admiración.
Al reflexionar sobre la fecha, este pasado fin de semana, a lo mejor pudimos detener el tiempo por un momento para apreciar la vida y a los vivos.
Miles de patriotas hispanos continúan alistandose y sirviendo en las fuerzas armadas, voluntarios con corazones patrióticos que aman a América.
Muchos de nosotros recordamos a nuestros familiares y amigos que han derramado su sangre para defender a Estados Unidos en tiempos de guerra, padres, hijos, nietos, sobrinos, primos, esposos etc., de muchos de los millones de indocumentados que viven en la actualidad en el país.
Alfonso Aguilar es el Director Ejecutivo de la organización "Latino Partnership for Conservative Principles", un grupo de defensa de los hispanos con base en Washington, DC, que promueve y trabaja por la integración de nuestra comunidad en el liderazgo conservador estadounidense.
El Sr. Aguilar fue el primer jefe de la Oficina De Servicios de Ciudadanía.
Alfonso Aguilar
Nombrado por el Presidente George W. Bush, Aguilar era el responsable de educar a los inmigrantes sobre los derechos y responsabilidades de ser ciudadanos y de su promoción e integración en la cultura cívica del país.
Aguilar también lidereó el esfuerzo para desarrollar el nuevo examen de naturalización de los Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de octubre del 2008 y se desempeñó como Presidente del Grupo de Trabajo para los Nuevos Americanos, comité inter-institucional federal creado por el Presidente Bush, con la finalidad de mejorar y coordinar las iniciativas gubernamentales de integración de los inmigrantes.
Ahora, Aguilar dice que Obama, es "el Presidente más anti-inmigrante que hemos tenido"
Es una audaz afirmación destinada a tratar de disminuir el apoyo latino al Presidente en estados claves, y con miras a las elecciones de noviembre venidero.
Él y sus aliados tienen mucho trabajo por hacer.
La campaña del candidato presidencial Mitt Romney esta consciente de que necesita la mayor cantidad de votos latinos que pueda obtener, y de que sin duda es una batalla cuesta arriba, ya que los republicanos históricamente no han sido muy populares entre los hispanos.
Una encuesta realizada esta misma semana por NBC News/Wall Street Journal/Telemundo encontró que Obama tiene una ventaja de 61 a 27 por ciento entre los votantes latinos registrados a nivel nacional, respecto al candidato presidencial republicano Mitt Romney.
El porcentaje de hispanos en el electorado nacional se ha incrementado en cada una de las últimas cuatro elecciones, pasando de dos por ciento en el 1992 a nueve por ciento en el 2008.
Desde el 1972, los republicanos han ganado más del 40 por ciento del voto latino solamente una vez: En el año 2004, cuando el Presidente George W. Bush ganó el 44%.
Cuatro años más tarde, el Senador John McCain ganó apenas el 31 por ciento del voto latino contra un 67 por ciento que ganó Obama.
No es de extrañar que Romney haya dicho en un evento para recaudar fondos, el mes pasado, que si los republicanos no captan el voto latino "estoy muerto."
Romney necesita captar el 40% del voto hispano en noviembre, pero sus esfuerzos para lograrlo son complicados por que durante las primarias republicanas se situó a la extrema derecha de sus rivales en el tema de inmigración - atacando a Rick Perry por apoyar la matrícula universitaria estatal en favor de los inmigrantes indocumentados y, rechazando la idea de Newt Gingrich de permitir que algunos indocumentados que han vivido en el país por largo tiempo puedan obtener su estatus legal.
Según el censo del 2010, por ejemplo, los latinos constituyen casi el 27 por ciento de la población de Nevada, y una encuesta de tendencia demócrata llevada a cabo en el mes de abril, reveló que el presidente liderea a Romney 69-30 entre los hispanos de ese estado.
El esfuerzo - que el grupo de Aguilar realiza en Nevada en favor de Romney, - está diseñado para proporcionar "educación" en torno a tres áreas principales: La libre empresa, los valores sociales conservadores y la inmigración.
Aguilar sostiene que los hispanos deberían reconsiderar su apoyo al Presidente debido a su "política masiva y sistemática de deportaciones, mucho más punitiva que la ley de Arizona." Argumenta que Obama es "peor que Joe Arpaio".
"Es bastante claro que el presidente está usando este tema por pura conveniencia política", ha dicho Aguilar, señalando que Obama se comprometió a usar su capital político para impulsar una reforma migratoria integral, pero luego se centró en otros temas.
Por otro lado, una encuesta del Pew Hispanic Center publicada en Diciembre del 2011 encontró que los latinos desaprueban la política de deportación del gobierno por un margen de dos a uno.
La encuesta también encontró que sólo el 25% de los hispanos nacidos en Estados Unidos saben que las deportaciones de Obama son mayores que bajo su predecesor – algo que Aguilar dice hay que cambiar.
Los funcionarios del gobierno dicen que se han centrado en deportar a los criminales ilegales, al tiempo que dan un trato compasivo a los otros indocumentados, una afirmación que Aguilar dice no es cierta. "Si nos fijamos en los números, casi el 60 por ciento de los que están siendo deportados no tienen antecedentes penales en lo absoluto", dice.
Aguilar sostiene que los republicanos pueden recuperar los latinos, y señaló que estos están lejos de ser un grupo monolítico. "Somos un grupo étnico con una diversidad de características raciales, religiosas y socioeconómicas".
"La única cosa que los republicanos tienen que hacer para atraer a los latinos, es presentar, y tener una posición constructiva en materia de inmigración", argumenta Aguilar.
Mi pregunta es, ¿qué tan pronto los republicanos van a entender el mensaje de Aguilar?
Cada cierto tiempo, los opositores del control de la natalidad logran la atención de los medios de comunicación oponiéndose al plan federal de anti-conceptivos del Presidente Obama, mismo que garantiza que millones de mujeres tengan una cobertura de anticoncepción, sin costos extras para sus bolsillos.
Esta semana, 12 demandas fueron presentadas en las Cortes, cuestionando la norma.
Dichas demandas han causado gran sensación en virtud de su número, pero cuando uno se detiene a escrutinarlas, no hay nada que ver.
La norma presidencial es constitucional, no viola ninguna ley federal, y es de suma importancia para las mujeres.
El principio de la Primera Enmienda, ya interpretada por los tribunales, es el siguiente:
"La cláusula del libre ejercicio no requiere de exenciones dadas por una ley neutral de aplicación general."
Como dijo la Corte Suprema hace dos décadas, en un dictamen elaborado por el Juez Scalia, hacer lo contrario sería crear un sistema "en el que cada conciencia sea una ley en sí misma."
Si una norma se aplica por igual y no se dirige contra ninguna fe en particular, no es una violación a la Primera Enmienda.
Todos sabemos que la regla de cobertura de anti-conceptivos se aplica a todo el mundo y que no se dirige a nadie en particular. Fin de la historia.
Creo que los casos que desafían la norma federal de los anti-conceptivos, tienen incluso menos que una pierna para sostenerse.
Escribo esto, porque, además de la exención para las iglesias y otros lugares de culto, la administración Obama está ampliando la franja de instituciones que pueden estar excentas, y ha dicho que los empleadores no tendrán que pagar por la cobertura, pero que los empleados todavía la obtendrán.
El enfoque de los demandantes tiene un clavo de ataúd sobre sus demandas ya débiles.
Para terminar, es útil colocar estas demandas en un contexto más amplio que el de la defensa de los anticonceptivos.
Apenas la semana pasada, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (que "aplaude" las doce demandas) envió un comentario al Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre la propuesta de modificación ampliando las instituciones que no tienen que tomar parte en la prestación de cobertura a sus empleados.
En lugar de sugerir cómo podría funcionar mejor la idea, los Obispos dijeron que la única manera de abordar sus preocupaciones es revertir el plan y borrar por completo el requisito de cobertura para todas las mujeres, en todos los trabajos y en todas partes.
Esa ha sido su meta desde el principio.
Los Obispos, por supuesto, también mantienen que los anticonceptivos "no son parte de los servicios generales de salud".
Y pienso, que se lo pregunten a los millones de mujeres que dependen de los métodos anti-conceptivos para proteger su salud todos los días, a los niños que nacen sanos porque sus madres fueron capaces de planificar sus embarazos, a los Centros para el Control de Enfermedades, que dicen que la planificación familiar es uno de los mayores logros de salud pública del siglo pasado.
Y eso nos trae de vuelta a lo que realmente está pasando aquí.
Es que la lucha que estas instituciones están llevando a cabo no es en favor de la libertad religiosa.
De lo que se trata, es del afan de negarle el derecho a las mujeres a tener cobertura del control de la natalidad, y de si ellas deben poder decidir qué hacen con la misma, sobre la base de sus propias creencias y necesidades.
Por razones obvias, no es muy tentador robarle a un pobre individualmente.
Si le robas a un banquero, podrías encontrar en su cartera el equivalente a un mes de tu renta.
Si le robas a un conserje, con suerte conseguirás para huir de la escena del crimen en un autobús.
Sin embargo, los pobres en su conjunto proporcionan un blanco jugoso para cualquiera que sea lo sufientemente depravado como para hacer del robo a estos, el objetivo de su negocio.
El truco de los ricos es robarle a los pobres en forma sistemática, impersonal y casi imposible de rastrear.
Los empleadores, por ejemplo, pueden programar sus computadoras para robarle a sus empleados unos cuantos dólares en cada cheque de pago, o pueden requerir que los trabajadores aparezcan 30 minutos o más antes de que el reloj laboral comience a correr.
Los prestamistas, incluyendo los bancos, las financieras y los de día de pago, han asumido el papel del usurero del barrio, cobrando tasas increíblemente altas de interés, que se complementan con cargos extras por pagos atrasados, perfectamente legal en muchos estados.
No es sólo el sector privado el que se aprovecha de los pobres.
Los gobiernos locales están descubriendo que pueden compensar la disminución de los ingresos fiscales a través de multas, honorarios y otros costos impuestos a los acusados de delitos no más graves que conducir con una licencia suspendida.
Y para colmo, dado el alto costo de encerrar a la gente, un número creciente de jurisdicciones ahora le cobran a los acusados el monto de los costos de las Cortes e incluso el precio de ocupar una celda en una cárcel privada.
El proyecto de ley HR-4970, aprobado en la Cámara de Representantes el 16 de mayo con el pretexto de "re-autorizar" la ley de Violencia contra las Mujeres, elimina las disposiciones sobre inmigración de la ley original y desmantela VAWA tal y como la conocemos, revirtiendo décadas de avance en la lucha contra la violencia doméstica en los Estados Unidos.
En general, este proyecto de ley socava los objetivos centrales de la ley VAWA: proteger a las víctimas de la violencia doméstica y de otros crímenes y ayudar a hacer cumplir la ley con la protección de las víctimas, la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes.
Es importante saber que aunque se llama Ley de Violencia contra la Mujer, la misma ayuda a todas las víctimas, independientemente de si son hombres o mujeres.
En general, las personas que acuden por ayuda han sido traumatizadas y se encuentran temerosas de nuevos abusos y represalias por parte de su agresor por su osadía de querer escapar de ellos. Temen que el hecho de presentar una querella dará lugar a su descubrimiento y a ponerlos en grave peligro. Muchas tienen miedo de que al ayudar a hacer cumplir la ley, serán deportadas de los Estados Unidos, y enviadas a un lugar donde los abusadores o sus familiares tendrán rienda suelta para hacerles daño.
El Congreso reconoció hace mucho tiempo que los inmigrantes son un grupo particularmente vulnerable en cuanto a dinámica de relación, por lo que se creó un proceso de auto-petición para que el extranjero maltratado pueda solicitar su residencia legal independientemente del abusador.
Teniendo en cuenta las disposiciones draconianas de esta nueva versión de la ley, sus redactores parecen estar operando con la presunción infundada de que el fraude está muy extendido en el contecto de la auto-petición VAWA.
La Unidad VAWA del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está muy bien entrenada y con mucho cuidado adjudica, o niega, en última instancia, las solicitudes que no demuestran por preponderancia de evidencia de que el solicitante es elegible para acción diferida.
El proyecto HR-4970 cambia todos los aspectos de la petición VAWA, ya que invalida la norma de larga data sobre la prueba en las auto-peticiones.
Hasta ahora, la Ley de Inmigración y Nacionalidad no prevé un alto estándar de prueba para las auto-peticiones VAWA, y con arreglo al caso Chawathe, el auto-peticionario "debe demostrar por preponderancia de evidencia de que él o ella es elegible para el beneficio buscado".
Para determinar si un solicitante ha cumplido con esta carga, la ley establece que en la adjudicación de una auto-petición, el Departamento de Seguridad Nacional "tendrá en cuenta todas las pruebas que sean relevantes para el caso y se reserva la facultad discrecional de determinar qué evidencias son creíbles y cuánto peso se les dará a las mismas".
Por otra parte, las normas del proceso preveen que una petición no puede ser negada únicamente sobre la base de información proporcionada por el abusador o por un miembro de la familia de este que viva en la misma casa de la víctima. Cualquier información negativa debe ser corroborada de forma independiente.
El Congreso estableció esas normas de prueba, y creó estrictas normas de confidencialidad sobre la base de la necesidad de proteger a los solicitantes de ser localizados por el abusador y sometidos a represalias y a nuevos abusos. Debido a este hecho, las protecciones para los solicitantes VAWA, en especial la confidencialidad, han sido cruciales para los objetivos centrales de la ley.
El HR-4970 impondría un estándar de prueba que desmantela las disposiciones de confidencialidad, creando una situación perversa en la que efectivamente le otorga el poder sobre una auto-solicitud presentada, al cónyuge abusador. Un estándar de "prueba claro y convincente", está muy por encima de la "preponderancia de evidencias" que se aplica a las mayoría de las peticiones de inmigración, ya sean de negocios o de familia, incluyendo los procesos de deportación.
Así, un cónyuge abusado enfrentaría, con esta nueva ley, un estándar más alto de prueba en un proceso de solicitud afirmativa, que el que un individuo en un proceso de deportación tiene que superar para demostrar que un delito particularmente grave que ha cometido no representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno conoce muy bien la importancia que tiene la confidencialidad del proceso para la seguridad de las víctimas. La razón de las disposiciones de confidencialidad tienen sentido en el contexto de los importantes riesgos que enfrentan las personas maltratadas y el propósito mismo de la ley VAWA.
El Congreso desarrolló las medidas de confidencialidad existentes actualmente, para proteger a las víctimas de la violencia doméstica de ser perseguidos por sus agresores para vengarse. Estas disposiciones son cruciales para romper el ciclo de poder y control que es el quid de la violencia doméstica.
Por otro lado, el uso por parte de HR-4970 de la expresión "el acusado" en referencia al abusador es completamente inapropiado y pone de relieve el hecho de que dicho proyecto de ley cambia la evaluación centrada en las víctimas y sorprendentemente toma una posición defensiva en favor del agresor, con la presunción de que el solicitante está mintiendo.
El proceso de auto-petición VAWA no debe ser contradictorio, debido al hecho de que las víctimas tienen miedo a presentarse y acusar a sus agresores, ya que temen a las represalias sobre ellos, sus hijos u otros seres queridos.
Otro aspecto muy preocupante del proyecto de ley es el desmantelamiento propuesto de la Unidad VAWA del Centro de Servicio de Vermont, que ha acumulado 12 años de experiencia especializada en la adjudicación de estas auto-peticiones.
En mi opinión, este proyecto de ley representa lanzar décadas de investigación y conocimiento acumulado sobre la violencia doméstica por la ventana y constituye el sueño de todo abusador.
Los extremistas de la Cámara pueden resentir el hecho de ser acusados de abrir una guerra contra las mujeres, pero este proyecto de ley atroz es parte integrante de ella.
Y es que los proponentes de este proyecto de ley parecen más interesados en despotricar, sin pruebas, contra un supuesto fraude rampante de las mujeres inmigrantes que han sido golpeadas y violadas, de lo que están sobre la situación de las víctimas en necesidad desesperada de servicios y protecciones legales.
