Por Aníbal E. Melo
"Usted tiene el derecho de guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Usted tiene derecho a tener un abogado presente. Si no puede pagar un abogado, el estado le proporcionará uno."
Luego, en el 1966, la Corte Suprema resolvió, en el caso "Miranda vs. Arizona," que el condenado fue intimidado durante su interrogatorio y que él no entendió su derecho a no incriminarse ni su derecho de tener un abogado.
Irónicamente, Miranda fue asesinado en una pelea, y a su homicida se le leyeron los derechos Miranda, a los cuales invocó, para no tener que declarar.
Para aclarar, según la Junta de Apelaciones de Inmigración, los no ciudadanos que enfrentan deportación no tienen los mismos derechos que los presuntos delincuentes ciudadanos frente a la posibilidad de ir a la cárcel.
Aunque menos completa, la advertencia "Miranda," sirve al mismo propósito básico: Evitar que los agentes del gobierno consigan confesiones de culpabilidad inconscientes o involuntarias.
Mientras tanto, los abogados de inmigración tendrán más razones para argumentar que las declaraciones de sus clientes se obtuvieron de forma ilegal, y los jueces de inmigración, a su vez se enfrentarán a mayores dificultades para determinar si tales declaraciones pueden ser admitidos o no en el tribunal.
"Usted tiene el derecho de guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Usted tiene derecho a tener un abogado presente. Si no puede pagar un abogado, el estado le proporcionará uno."
Advertencia Miranda
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| Ernesto Arturo Mirranda |
En 1963, Ernesto
Arturo Miranda fue detenido por secuestro y violación, lo cual él
confesó sin ninguna advertencia de su derecho constitucional a
guardar silencio, o su derecho de tener un abogado presente.
En el juicio, el
Fiscal ofreció sólo su confesión como prueba y él fue condenado.
Luego, en el 1966, la Corte Suprema resolvió, en el caso "Miranda vs. Arizona," que el condenado fue intimidado durante su interrogatorio y que él no entendió su derecho a no incriminarse ni su derecho de tener un abogado.
Sobre esas bases,
la Corte revocó el fallo anterior.
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| Suprema Corte de Estados Unidos |
Mas tarde, Miranda
fue condenado en un nuevo juicio, donde testigos declararon en
su contra y se presentaron pruebas de su culpabilidad.
Cumplió 11 años de carcel.
Cumplió 11 años de carcel.
Irónicamente, Miranda fue asesinado en una pelea, y a su homicida se le leyeron los derechos Miranda, a los cuales invocó, para no tener que declarar.
En el año 2000,
el uso de los Derechos Miranda volvió a ir ante la Corte Suprema, en
el caso "Dickerson Vs. Estados Unidos." El tribunal
reafirmó el rol del precedente anterior.
La Corte Suprema
no especificó las palabras exactas que se debían usar para informar
a un sospechoso sobre sus derechos. Sin embargo, dejaron unas reglas
que deben servir como guía.
El fallo establece que:
"... A la
persona en custodia se le debe, previo a su interrogatorio, ser
claramente informado de su derecho a guardar silencio, y de que todo
lo que diga será usado en su contra en un tribunal. Se le debe,
claramente informar de que tiene el derecho de consultar con un
abogado y a tenerlo presente durante todo el interrogatorio, y que,
si es indigente, un abogado le será asignado sin costo por el estado
para representarlo".
Desde entonces las
Cortes han fallado que dicha "advertencia" es
significativa, por lo que es usual que al imputado se le pregunte si
entendió sus derechos. Algunas veces, se requiere una respuesta
firme como un "sí".
El silencio de un
arrestado no es señal de que entendió.
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| Inmigrante Arrestado |
Ha habido fallos
en los que las pruebas se han declarado inadmisibles debido al pobre
conocimiento del inglés del imputado al momento de su arresto y al
hecho de que el oficial que lo detuvo no pudo comunicarle la
advertencia en su propio idioma.
Pero qué sucede cuando los agentes
federales de inmigración toman a un extranjero en custodia?
De acuerdo con una curiosa decisión
emitida la semana pasada por la Junta de Apelaciones de Inmigración,
a los inmigrantes aún se les debe informar de sus limitados
derechos.
Sin embargo, a diferencia de a los
presuntos delincuentes, quienes deben recibir las advertencias antes
de que comience su interrogatorio, los inmigrantes detenidos sin
orden judicial no necesitan ser informados de sus derechos hasta
después de que su interrogatorio ha terminado, y de que los
procedimientos formales de deportación en su contra han iniciado.
Si se está rascando la cabeza ahora
mismo, no está solo.
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| Departamento De Justicia |
La lectura de los derechos de los
inmigrantes después de su interrogatorio, determina no sólo que las
"Advertencias Miranda", prácticamente, no tienen sentido, sino que anima a los
agentes de inmigración a explotar la falta de familiaridad de los
extranjeros con el sistema legal de Estados Unidos.
Para aclarar, según la Junta de Apelaciones de Inmigración, los no ciudadanos que enfrentan deportación no tienen los mismos derechos que los presuntos delincuentes ciudadanos frente a la posibilidad de ir a la cárcel.
Los no ciudadanos, no tienen derecho a
un juicio con jurado. A algunos se les niega la audiencia de fianza.
A menudo son enviados a estados lejanos del lugar de su detención. Y
el gobierno no asigna abogados a los inmigrantes que no pueden pagar
uno.
Sin embargo, hasta la semana pasada,
las personas sujetas a arrestos sin orden judicial por agentes
federales de inmigración tenían el derecho de saber, aún antes del
interrogatorio de su derecho a contratar a un abogado privado, y a
conocer que cualquier declaración podría ser posteriormente usada
en su contra.
Aunque menos completa, la advertencia "Miranda," sirve al mismo propósito básico: Evitar que los agentes del gobierno consigan confesiones de culpabilidad inconscientes o involuntarias.
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| Erick Holder, Fiscal General |
En el futuro, las consecuencias de la
decisión de la Junta, la semana pasada, serán drásticas, tanto para los
inmigrantes como para el gobierno.
Los inmigrantes detenidos serán menos
propensos a hacer valer realmente su derecho a guardar silencio o
pedir que un abogado esté presente durante su interrogatorio.
Mientras tanto, los abogados de inmigración tendrán más razones para argumentar que las declaraciones de sus clientes se obtuvieron de forma ilegal, y los jueces de inmigración, a su vez se enfrentarán a mayores dificultades para determinar si tales declaraciones pueden ser admitidos o no en el tribunal.
Como el más alto tribunal de
inmigración administrativo de la nación, la Junta de Apelaciones de
Inmigración establece las reglas que todos los jueces de inmigración
deben seguir y respetar.
Aunque sus miembros son nombrados
directamente por el Fiscal General y son considerados parte del
Departamento de Justicia, el Consejo adopta sus decisiones de manera
independiente sin la influencia de funcionarios superiores.
Mientras que la Administración Obama
no es responsable de la decisión de la Junta De Apelaciones de Inmigración,
tiene el poder y el deber de arreglarla.
Bajo las regulaciones federales, el
Fiscal General puede optar por revisar cualquier decisión de la
Junta.
Las administraciones
anteriores han usado este poder para darle a los inmigrantes algunos
derechos, claro, siempre menores que los otorgados a los presuntos
delincuentes ciudadanos, por lo que esa decisión, ofrece una oportunidad perfecta para que
el Presidente Obama cree un campo de juego más justo y equitativo
para todos los inmigrantes.
